La Contraloría del Ayuntamiento de Puebla podría iniciar una investigación en contra de la extitular de la Secretaría de Administración, Yareni Janix Natera, y el exdirector de Recursos Humanos de esta dependencia, Gerardo Núñez de la administración de Luis Banck por la entrega de 84 plazas en la recta final de este gobierno, debido a que el procedimiento fue irregular.
Así lo dio a conocer el secretario de Administración Municipal, Leobardo Rodríguez Juárez, quien confirmó que hay anomalías en el procedimiento de la entrega de plazas, ya que, en primer lugar, no se otorgaron a través de una comisión mixta ni convocatoria.
“Si ubicamos irregularidades en el proceso de cambio de plazas de confianza a base. También hicimos un análisis caso por caso de las basificasiones, encontramos expedientes incompletos, que no cumplían con las condiciones generales del trabajo. De origen el procedimiento es irregular”, agregó.
Adelantó que algunas de las anomalías son que las plazas se entregaron a “jefes y coordinadores” además que, en 4 casos, no cumplieron con los requisititos de mantener un expediente intachable.
“Había casos de alarma en el sentido de que (los empleados) venían siendo jefes de departamento, coordinadora consultivos una quincena antes y una quincena después, los convirtieron a bases operativas para que pudieran ser basificados (…) son 14 0 15; tenemos otros 4 casos que no cumplían con tener un expediente intachable, que habían sido dados de baja por faltas administrativas o pérdidas de confianza”, explicó.
Rodríguez Juárez reiteró que el paso legal compete a la Contraloría y también será una facultad de la sindicatura municipal.
El funcionario municipal aclaró que en caso que se cancele su basificación, los trabajadores pasarán de ser sindicalizados a personal de confianza, además de que su permanencia dependerá de su desempeño. Asimismo, aclaró que no habrá “cacería de brujas”.
Sobre las acciones para sancionar a funcionarios de la pasada administración, comentó que podría ir de una amonestación pública, inhabilitación a una sanción económica, pero que es competencia de la Contraloría.