Será el próximo gobierno estatal el que defina si es viable otorgar una nueva concesión para la operación de un relleno sanitario, señaló el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, ante el cierre del que funcionaba en el municipio de Calpan desde el 21 de marzo pasado y que ha provocado dificultades para la disposición final de residuos en varios municipios.
“Se está trabajando en el tema del relleno sanitario, yo espero que la Profepa haya medido las consecuencias de sus decisiones”, dijo después de que la dependencia federal decidió clausurar el sitio de manera definitiva el mes pasado, argumentando que ya había concluido su periodo de vida útil y representaba un riesgo ecológico.
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Para el mandatario poblano, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y también los activistas que estuvieron promoviendo el cierre del relleno sanitario también debieron tomar en cuenta alternativas de solución para la disposición final de los residuos.
Aseguró que, sin afán de deslindarse, en los dos meses que faltan para que concluya su gestión no es posible generar un proyecto de concesión que finalmente estaría vigente durante el próximo gobierno.
“Nosotros no nos queremos lavar las manos, pero si hay que tener muy claro que en dos años no podemos tener la planeación y el desarrollo de todos los rellenos sanitarios, esperemos que el gobernador Armenta que ya tiene una visión clara ahí, de seguimiento” señaló.
Se investiga presunta agresión a reo
El mandatario poblano dio a conocer que ya se investigan los hechos difundidos en un video, en el que se aprecia una agresión a golpes a un presunto interno del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, aparentemente porque se negó a realizar el pago de cuotas.
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El gobernador expuso que se está analizando la temporalidad del material gráfico, aunque sostuvo que ese tipo de agresiones no se van a tolerar o permitir por parte de la autoridad.
La Secretaría de Seguridad Pública difundió un comunicado al respecto, en el que señaló que existe la posibilidad de que los hechos grabados hayan sido “pre construidos” por la víctima y sus presuntos agresores, debido a que recientemente se implementaron operativos en los que fueron decomisados artículos prohibidos.