Ante el abandono e inoperancia de plantas tratadoras de aguas residuales por parte de los ayuntamientos –situación que afecta al menos a 85 por ciento de los municipios de Puebla, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)–, el gobierno estatal puede asumir, mediante convenios, el control y mantenimiento de las mismas, consideró Daniel Bringas Abarca, titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue).
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Si bien los ayuntamientos son responsables de rehabilitar y mantener con recursos propios sus obras de saneamiento hídrico, muchos de ellos dejan a la deriva el cuidado de las mismas, lo que agudiza, entre otras cosas, problemas de salud pública, apunta el funcionario.
En Puebla, sólo 78 municipios cuentan con infraestructura de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, únicamente en 32 demarcaciones las plantas se encuentran operando, es decir, apenas 15 por ciento de todos los municipios del estado cuentan con este servicio.
Según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México del Inegi, hasta 2022 sólo 74 plantas de tratamiento municipales, de las 156 que hay en toda la entidad poblana, se encontraban funcionando. Es decir, únicamente 47 por ciento.
Las leyes nacionales y estatales, incluida la Constitución Mexicana, establecen que es obligación de las autoridades de los tres niveles gubernamentales administrar y operar los sistemas de saneamiento hídrico para la población. No obstante, la mayoría de estas obras son de índole municipal.
En Puebla, los municipios que tienen más plantas tratadoras inoperantes son, de acuerdo con el Inegi, Cuautempan, Tenampulco, Honey, Coxcatlán, Tepeaca, Ayotoxco de Guerrero, Ixcaquixtla, Tlahuapan, Acateno, Atzitzihuacán, Cuautinchán, Hueyapan, Jonotla, Puebla, San Sebastián Tlacotepec y Zapotitlán de Méndez.
Inoperancia de plantas es problema grave en Puebla
Bringas Abarca, titular de la Ceaspue, explica que la inoperancia de las redes municipales de saneamiento hídrico es una de las principales problemáticas que enfrentan los gobiernos locales, esto de acuerdo con análisis y supervisiones hechos de manera presencial. Asegura que, en muchos casos, el rezago se acentúa debido a que los costos de operación de dichas plantas son elevados, lo que deriva en el abandono y disfuncionalidad de las mismas.
En ese sentido, el funcionario señala que el desuso de dicha infraestructura trae como consecuencia la falta de mecanismos para limpiar el agua residual y darle un segundo uso, pero también la vandalización de las obras públicas en la materia, lo que puede ocasionar daños irreversibles para las mismas.
Los costos de operación de una planta de tratamiento son altos. En esta administración hemos realizado mapeos y visitas a ayuntamientos, y nos hemos encontrado que muchas plantas están inoperantes. Esa inoperatividad [es causada] porque fueron abandonadas, y, al ser abandonadas, [muchas] fueron vandalizadas explica el titular de la dependencia.
Bringas Abarca subraya que los gobiernos municipales tienen la obligación legal de asignar recursos a la operación y cuidado de estas plantas, para garantizar que las obras tengan una funcionalidad permanente, sin embargo, no siempre ocurre de esa manera.
“Si los ayuntamientos van a seguir operando las plantas de tratamiento, necesitamos rehabilitarlas, tanto estado como municipio, pero una vez que se rehabiliten se necesita garantizar la operatividad de las plantas de tratamiento. Para eso, el ayuntamiento debe gestionar y apartar sus recursos, pues depende casi al 100 por ciento de los municipios”, argumenta.
Gobierno estatal puede interceder por comunas
El titular de la Ceaspue destaca que los ayuntamientos son responsables del manejo y asignación de sus recursos, por lo tanto, tienen la obligación de considerar apartados presupuestarios para el cuidado de las plantas de tratamiento de aguas residuales.
No obstante, reconoce que muchos ayuntamientos padecen la falta de dinero para llevar a cabo dichas obligaciones, en muchos casos por la falta de previsión financiera.
Por ese motivo, el titular de la Ceaspue señala que las comunas que enfrentan esta problemática, o bien que carecen de recursos para llevar a cabo la construcción de obras en la materia, tienen la oportunidad de establecer convenios con el gobierno estatal en ese sentido.
El funcionario explica que, con la finalidad de beneficiar la salud pública, sin dejar de lado la obligación que tienen los alcaldes, la dependencia puede asumir la custodia de la infraestructura municipal de saneamiento, con el objetivo de garantizar su funcionamiento. Este tipo de acuerdos requieren también el compromiso financiero de los ayuntamientos, destaca.
“El municipio, si se ve incapacitado de tener esa operación para el correcto funcionamiento de la planta de tratamiento, puede hacer un convenio con el gobierno estatal para que éste tome custodia. Eso también es una posibilidad abierta”, enfatiza.
Desde su perspectiva, frente al rezago que afecta a buena parte de los municipios del estado, lo más conveniente es que los ayuntamientos cedan a la Ceaspue el control sobre sus plantas de tratamiento de aguas residuales.
“Mi opinión es que los organismos operadores o ayuntamientos que no puedan garantizar el correcto funcionamiento deberían cederla (las plantas tratadoras) al gobierno del estado, para que la opere, mantenga, organice, coordine y administre la operatividad, y garantice la salud pública”, considera.
Mediante la celebración de convenios entre ambas partes, que constituyen responsabilidades financieras para los ayuntamientos, el gobierno estatal tiene posibilidad legal de invertir directamente en la operación y mantenimiento de la infraestructura municipal de saneamiento hídrico, esto a pesar de que las obras son obligación de los gobiernos municipales.
Bringas Abarca asegura que la Ceaspue cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar el funcionamiento de estos proyectos municipales. Por lo tanto enfatiza que lo mejor es que las comunas paguen a la dependencia para que sea ésta la que se haga cargo de los trabajos.
El titular de la Ceaspue destaca que es posible encontrar mecanismos para que los ayuntamientos vinculen los recursos que obtienen sus sistemas operadores de agua y drenaje hacia el gobierno estatal, para que haya una colaboración mutua en ese sentido.
Finalmente, Bringas Abarca sostiene que cada caso debe analizarse con base en las condiciones financieras y operativas de los ayuntamientos. Sin embargo, enfatiza que, al establecer convenios en la materia, los gobiernos locales se responsabilizan de las obras, al mismo tiempo que la Ceaspue emplea su experiencia y profesionalismo en la operación y recuperación de las plantas tratadoras.
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