El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, aclaró que la decisión del gobierno federal de anular la Norma Oficial Mexicana NOM-236-SE-2021, que pretendía instaurar la inspección obligatoria de las condiciones físico-mecánicas de los automóviles menores a 3.8 toneladas, no interfiere en lo absoluto con la verificación vehicular que actualmente es obligatoria en la entidad.
Ante las dudas de algunos ciudadanos sobre si la cancelación de la NOM-236 podría utilizarse como medida para prevenir sanciones por incumplimiento de verificación vehicular, el titular del Ejecutivo local refirió que los estatutos locales en materia ambiental son distintos a dicha norma federal.
“La actividad de verificentros, de verificar contaminantes en motores, continúa. No afecta absolutamente nada. No vayan a pensar que con eso está suspendido, se continúa, no tiene ningún obstáculo para continuarlo”, manifestó esta mañana el mandatario en rueda de prensa.
Cabe recordar que la Secretaría de Economía del gobierno federal derogó la aplicación de la NOM-236 el pasado 4 de noviembre. Dicho estatuto estaba previsto a iniciarse a partir del próximo 1 de diciembre y sería efectivo para los autotransportes nuevos que no excedieran los mil kilómetros, así como las unidades con 10 años o más de antigüedad y aquellos de uso intensivo, principalmente.
Según detalló la dependencia a través de un comunicado, esa medida se contraponía a la economía familiar, razón por la cual la Comisión Nacional de Infraestructura de Calidad de dicha secretaría optó por desestimarla.
“Esta Norma podría afectar negativamente el ingreso de las familias mexicanas que utilizan sus vehículos como herramientas de trabajo”, estableció el boletín.
No hay que olvidar que en la entidad poblana la verificación vehicular es obligatoria desde el 24 de octubre. Durante el último trimestre del año sólo las unidades del transporte público, así como servicios de taxi concesionado y de plataforma, son las únicas que deben cumplir con esta medida.
Para el resto de vehículos la medida será forzosa a partir del siguiente año, no obstante, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot) dio a conocer que los automovilistas particulares interesados en cumplir con este trámite antes de 2023 podrán hacerlo y, de hecho, la validez del mismo permanecerá vigente hasta el primer trimestre del otro año.
Esta diligencia tiene un costo de 628 pesos y, en caso de incumplimiento, deberá cubrirse una sanción económica de 20 a 30 UMAS (Unidades de Medida), es decir, entre mil 924 pesos y 2 mil 886 pesos. En el caso del transporte público, las medidas de apremio podrán ser incluso mayores pues, además de la multa, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) determinará otras penalidades.