El presidente de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado, José Juan Espinosa Torres, anunció que promoverán un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) después de las recomendaciones que hizo el gobernador del estado a la reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado que buscaba la remoción de Guillermo Higuera Bernal y con lo que vetó su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
“Cuando recibimos estos oficios, al mismo tiempo revisamos el texto de la acción de inconstitucionalidad que, con motivo del veto que ejerce el gobernador del estado, estamos en facultades de presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativas a las reformas al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General que hizo la LIX Legislatura. Voy a proponer a los 22 diputados de Juntos Haremos Historia que promovamos una acción de inconstitucionalidad”, anunció en rueda de prensa.
En el mismo tenor, calificó como “pretextos jurídicos” los argumentos que dio el secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, en el sentido de que el veto a la Ley de la FGE viola la autonomía del organismo y que en el caso de la “ley bala” dejan un vacío legal al no proponer una ley que sustituya la anterior.
“La ley que nosotros aprobamos es muy clara, las corporaciones de seguridad pública tenían que emitir de forma inmediata sus propios protocolos, no era necesario que el gobernador vetara esta ley. Lo que yo veo en el documento que envía el gobernador son pretextos jurídicos para no respetar un acto soberano porque no entienden, no aceptan la nueva realidad política de nuestro estado”.
Finalmente, anunció que en respuesta al veto de la “ley bala”, el Congreso realizará foros con organizaciones civiles para diseñar una nueva Ley de Uso de la Fuerza Pública que no violente los derechos humanos de los ciudadanos, como lo hacía la anterior.
“En relación a la abrogación de la ley bala quiero comentarles que someteré en la propuesta a los integrantes de la Junta de Gobierno para que en el lapso de los 30 días que se tienen para sentarnos a revisar esta reforma podamos llevar a cabo la realización de un foro estatal en estas instalaciones, que nos permita agilizar la elaboración de una ley que regule el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos del estado sin que sea violatoria de los derechos humanos, como sucedía con la llamada ley bala”.