Los mismos diputados que en 2017 aprobaron una inhabilitación y multa económica en contra del exalcalde de Puebla Eduardo Rivera Pérez por presuntas irregularidades en su cuenta pública de 2013, hoy avalaron el reporte de este ejercicio fiscal en la última sesión ordinaria de esta legislatura.
Fue después del proceso electoral en el que Rivera Pérez se reconcilió con el grupo morenovallista cuando los diputados locales decidieron aprobar su cuenta pública 2013, por la cual habían iniciado un proceso administrativo en su contra para dejarlo fuera de la contienda electoral que concluyó el pasado primero de julio.
Rivera Pérez promovió un amparo en contra de la inhabilitación por 12 años del servicio público y una multa económica por 25.5 millones de pesos para mantenerse en la pugna por la gubernatura, sin embargo, la reconciliación con el grupo morenovallista llegó cuando obtuvo la candidatura de la coalición “Por Puebla al Frente” (PAN, PRD y MC) a la presidencia municipal de Puebla y a partir de ahí el proceso en su contra se “congeló”.
Al respecto, el presidente de la Comisión Inspectora en el Congreso local, Germán Jiménez García, aseguró que la cuenta pública del exedil se aprobó porque Rivera Pérez solventó las observaciones que se le habían hecho con anterioridad y negó que fuera un “pago de facturas” como resultado de la reconciliación que logró con el morenovallismo.
“No fue por el amparo, yo siempre dije que el señor había judicializado el tema. Cuando tenía que acercar las pruebas administrativas que ayudaban a comprobar su cuenta arrimó los documentos, sus comprobaciones y ese es el resultado de que la cuenta hoy sale ya en positivo. Está solventado todo su expediente y en eso se da todo en positivo en su cuenta pública”.
A diferencia de las cuentas públicas de 2016 a la fecha, donde el Congreso ya no tiene facultad para aprobar o iniciar procedimientos administrativos, la cuenta 2013 del panista sí fue dictaminada por los diputados locales.
Junto con la cuenta de Eduardo Rivera Pérez el Congreso de Puebla aprobó un total de 199 cuentas públicas rezagadas de diferentes ejercicios fiscales y sujetos obligados, así como inicio de procedimientos administrativos y aplicación de multas.
APRUEBAN REPARACIÓN DE DAÑO POR 707.1 MDP
De la resolución de 169 Inicios de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) los diputados locales determinaron que en 124 casos el sujeto obligado no era administrativamente responsable de las faltas que se le imputaron, mientras que en las 45 restantes se ordenó la reparación del daño patrimonial y el pago de multas, que en conjunto ascienden a 707 millones 148 mil 779 pesos.
Los municipios que reflejaron mayor daño patrimonial son Chalchicomula de Sesma, con 51 millones 57 mil pesos en el Ejercicio Fiscal 2012, durante el gobierno del exalcalde José Raúl Zárate Mata, a quien se le impuso una sanción de 102 millones 114 mil pesos y su reparación del daño asciende a más de 153.7 millones de pesos.
Le sigue el exalcalde de Tepatlaxco de Hidalgo, Horacio de los Santos Francisco, quien por 2011 debe pagar un total de 91 millones 868 mil pesos, mientras que por el Ejercicio Fiscal de 2010 debe solventar 84 millones 114 mil pesos.
INICIAN PROCEDIMIENTOS CONTRA EXALCALDES DETENIDOS
De igual forma, los legisladores locales aprobaron el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) en 51 cuentas públicas, entre las que destacan la de los alcaldes de Atzitzintla, José Isaías Velázquez Reyes, y de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, ambos detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
El IPADR contra el exedil de Atzitzintla es por presuntas irregularidades en el ejercicio fiscal de 2015, dos años antes de que fuera detenido durante un operativo de la Fiscalía General del Estado (FGE) contra presuntos “huachicoleros” relacionados con el asesinato de tres policías ministeriales.
También de 2015 es el procedimiento en contra del exedil de Palmar de Bravo, quien fue detenido en 2017 por enriquecimiento ilícito y presuntos vínculos con grupos delictivos dedicados al robo de combustible.
