A casi dos años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la Ley de Salud Mental del Estado, las comisiones del Congreso local aprobaron la convocatoria para desarrollar la consulta pública a personas con discapacidad, como parte del proceso para subsanar las deficiencias de la normativa para volver a operar.
El ejercicio se llevará a cabo en tres modalidades: presencial, a distancia y documental. La primera está programa para el 19 de junio, dos días después la consulta a niños y niñas, en tanto, para el 26 de junio se prevé el trabajo a la distancia.
Lo anterior con el fin de aprobar el 1 de julio el tema en comisiones y el 11 del mismo mes en el pleno, según lo expuesto en las comisiones unidas de Salud y Atención a Personas con Discapacidad.
Las personas interesadas en la modalidad documental podrán entregar su material en físico en la Oficialía de Partes del Congreso local ubicado en la 5 Poniente número 128 del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, en un horario de 9 de la mañana a seis de la tarde.
El fin del ejercicio es generar instancia de diálogo, intercambio y participación de las personas con discapacidad, familiares, representantes legales, personas encargadas de cuidado o atención a este sector de la población, así como integrantes de asociaciones involucrados
“Qué haya intercambio plural, inclusivo y colaborativo que recopile las opiniones de las personas convocadas y en colaboración en materia de salud mental”, dijo.
En junio del 2022, el máximo tribunal invalidó la Ley de Salud Mental del Estado que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque no se consultó a las personas con discapacidad para legislar los artículos que permiten el internamiento de pacientes en hospitales psiquiátricos sin su autorización.
Por ello, le dio un periodo de 12 meses siguientes a la notificación para llevar a cabo la consulta a las personas con discapacidad y, dentro del mismo plazo, emita la regulación, sin embargo, la pasada legislatura desacató la orden.
Ante esto, la LXI legislatura prevé llevar a cabo los trabajos antes del término de su gestión en septiembre, para que la Ley de Salud Mental del Estado entre en vigor.
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