Un grupo de ejidatarios y abogados, encabezados por Hilario Gallegos Gómez, arrastraron a políticos como los excandidatos del PAN a la gubernatura, Enrique Cárdenas Sánchez, y a la presidencia municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, en un conflicto interno por la regularización de ejidos en la zona residencial y comercial de Zavaleta, perteneciente a la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas.
En rueda de prensa, Gallegos Gómez acusó corrupción y hasta intimidación de grupos de choque para evitar la regularización de alrededor de 200 hectáreas de terreno ubicadas en la zona más cara de Zavaleta, presuntamente orquestados por la familia Vera Báez, con el respaldo del exrector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Enrique Cárdenas.
Sin embargo, al ser cuestionado sobre las pruebas que involucran al excandidato a la gubernatura, Gallegos Gómez se limitó a decir que las hermanas Vera Báez apoyaron la campaña de Enrique Cárdenas y colaboraron en la publicación del libro de la Trama de Audi.
“Ellas presumen el vínculo con Enrique Cárdenas, recordarán el libro que sacaron junto con el compañero periodista Mastretta, el libro de Audi, ellas participan, colaboran para la integración del libro y hay fotografías en redes sociales donde apoyaron a Enrique Cárdenas, públicamente han dicho que son gente de Enrique Cárdenas”.
En el caso de Rivera Pérez, cuestionó la forma en que obtuvo la escritura de su casa en Zavaleta cuando la zona es ejidal y hasta la fecha no se puede escriturar ninguna propiedad.
FAMILIA DESLINDA A CÁRDENAS
Tras las declaraciones de Gallegos Gómez, las hermanas Karla y Andrea Vera Báez se deslindaron del excandidato a la gubernatura y acusaron intereses económicos por parte de los integrantes del Comisariado Ejidal para vender escrituras a sabiendas de que el ejido es de propiedad comunal y no se puede regularizar a menos de que la expropie el gobierno federal, quien se ha declarado sin los recursos suficientes para llevar a cabo este proceso.
Andrea Vera reconoció ser exalumna de la UDLAP y apoyar la campaña de Enrique Cárdenas el año pasado, así como haber colaborado con sus investigaciones para la Trama Audi en calidad de investigadora y abogada agraria, sin embargo, aclaró que el excandidato no tiene ninguna relación con el conflicto interno de los ejidatarios.
Explicó que desde 1925, más de 350 hectáreas de Romero Vargas se registraron como un ejido comunal y no por parcelas, lo que impide a los ejidatarios desincorporar su propiedad para escriturarla, a menos de que el gobierno federal realice una expropiación.
De esas 350 hectáreas, 150 se expropiaron a lo largo de estos años, sin embargo, el gobierno federal se declaró sin recursos para expropiar las 200 hectáreas restantes para que cada uno de los dueños escriture, por lo cual solo se entregan minutas en caso de que alguno de ellos quiera vender.
Acusó que algunos ejidatarios, como el actual presidente del Comisariado Ejidal, Vicente Portillo, fraccionó propiedades como el Fraccionamiento Real de Zavaleta y las vendieron con la promesa escriturarlas más tarde y por ello ahora buscan lograr la regularización que legalmente está impedida.
“Vicente Portillo fue el que fraccionó el fraccionamiento Real de Zavaleta, adentro hay aproximadamente unas 80 casas que no tienen papeles, que les vendieron con contratos privados de compra-venta diciéndoles que les iban a dar escrituras posteriormente, hechos que puedo demostrar que no es cierto. Hasta la fecha tienen con el pie en el pescuezo a Vicente Portillo porque ya le dijeron que lo van a denunciar penalmente por fraude”.
Aseguró que uno de los afectados puede ser el exalcalde Eduardo Rivera, quien tiene su casa en la zona, pero no puede obtener escrituras debido al impedimento legal.
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