La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó observaciones al gobierno estatal por inconsistencias en la aplicación de 497.3 millones de pesos en la segunda entrega de la cuenta pública 2023; sin embargo, a través de la Secretaría de la Función Pública, la administración encabezada por Sergio Salomón Céspedes Peregrina aseguró que lo anterior no puede considerarse como un daño al erario.
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De entre las observaciones realizadas por el órgano federal destaca una por 7 millones 343 mil seis pesos que se pagaron desde el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), debido a que varios de los conceptos de las obras realizadas no estaban incluidos en los proyectos originales o no se efectuaron.
El segundo caso es por 489 millones 862 mil 13 pesos procedentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFET), en el que se señalan inconsistencias en obras como la remodelación de los Centros de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, y San Miguel, ya que en ambos casos no hay documentos que acrediten el término del proyecto.
En total; el gobierno estatal recibió siete recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación en temas de transparencia y deberá solventar las observaciones que le fueron realizadas para aclarar la aplicación de los recursos públicos.
No hay daño patrimonial: SFP
Tras la emisión del informe de la ASF, la Secretaría de la Función Pública difundió un comunicado en el que señaló que las observaciones realizadas no pueden catalogarse como un daño patrimonial en la entidad, sino que representan una solicitud para que se aclare la aplicación de los recursos.
Respecto a los señalamientos directos en la remodelación de los ceresos ya mencionados y las obras ejecutadas a través del CAPCEE aseguró que “el órgano fiscalizador cuestiona el monto total de los contratos de proyectos integrales del FAFET por la falta de croquis y reportes fotográficos de la corrección a algunas deficiencias que se identificaron en el proceso constructivo, a pesar de que los mismos fueron indicados en las bitácoras de obra y se corrigieron por parte de los contratistas”.
Por lo anterior afirmó que el Estado insistirá en aclarar, dentro del marco del proceso de respuesta y en cumplimiento a lo que establece la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas federal.
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La dependencia aclaró que responderá al órgano federal en los 30 días que marca la ley e insistió en que es normal que en los procesos de auditoría se hallen observaciones que deban ser solventadas por los entes públicos.