Una joven de 16 años sufrió lesiones graves tras ser atropellada por un vehículo oficial del Ayuntamiento de Tehuacán mientras esperaba el transporte público. A pesar de que el incidente ocurrió en presencia de varios testigos y el vehículo contaba con placas identificables, las autoridades del Ministerio Público se negaron a proporcionar información sobre el conductor, temiendo que la víctima iniciara una investigación en su contra.
Ante la gravedad del caso, la Comisión de Derechos Humanos en Puebla (CDH) emitió la Recomendación 31/2024, en la que solicitó al gobierno municipal y a la Fiscalía General del Estado (FGE) cubrir los gastos derivados de los tratamientos médicos, quirúrgicos y psicológicos de la víctima. Además, exigió la reapertura de la investigación con el fin de fincar responsabilidades por el delito de lesiones.
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Aunque los hechos ocurrieron en 2021, la CDH consideró que los derechos de la joven fueron vulnerados y no han sido reparados hasta este año, pues no solo sufrió daños físicos, sino que también se le negó acceso a la justicia, a la verdad y a una reparación integral del daño. A pesar de que la víctima ya ha cubierto los gastos de su tratamiento, la recomendación establece que el gobierno municipal deberá reembolsar todos los costos relacionados con su recuperación, ya que el conductor del vehículo oficial, quien no respetó los límites de velocidad, causó los daños.
El atropellamiento ocurrió alrededor de las 8:20 horas. Según las investigaciones, el vehículo circulaba a exceso de velocidad, lo que ocasionó el impacto con la joven. Tras el accidente, el conductor abandonó el vehículo y huyó del lugar. Este hecho motivó la intervención de la Comisión.
El organismo calificó al Ayuntamiento de Tehuacán como omiso en el resguardo de la unidad, lo que contribuyó a que el atropellamiento se materializara y que la víctima sufriera graves lesiones, como contusión pulmonar, contusión cardiaca, traumatismo en tórax y traumatismo craneoencefálico. Estas heridas no solo afectaron su bienestar físico, sino también sus condiciones psíquicas y morales, alterando de manera irreversible su proyecto de vida.
Uno de los aspectos más graves del caso fue la falta de apoyo por parte de la Fiscalía. A pesar de las evidencias de las lesiones sufridas por la joven, los agentes del Ministerio Público se negaron a proporcionar información sobre el conductor y a realizar las diligencias necesarias. La familia de la víctima relató que, cuando se presentaron ante los servidores para obtener detalles de la investigación, les dijeron que ya no se podía hacer nada y que el vehículo oficial, que estaba bajo resguardo, sería devuelto sin mayores consecuencias.
“Mis familiares y yo nos presentamos ante el agente del Ministerio Público, a quien le solicitamos nos indicara sobre la investigación, pues al ser un vehículo oficial del Ayuntamiento de Tehuacán, no es tan complicado recabar los datos del chofer que atropelló a mi sobrina. Sin embargo, el agente nos dijo que ya no se podía hacer nada, que el vehículo oficial que estaba en resguardo ya iba a ser devuelto”, relató un familiar de la víctima.
En su recomendación, la CDH hizo un llamado a la FGE para que reabra la investigación y se finquen responsabilidades. Además, subrayó que las omisiones de las autoridades tuvieron un impacto directo en la vida de la víctima, impidiéndole acceder a una reparación integral del daño.
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La recomendación busca corregir estas violaciones y garantizar que la joven reciba la atención y compensación que le corresponde. Entre las medidas solicitadas, se incluye la cobertura de los gastos médicos, una compensación económica por los daños sufridos y la reapertura de la investigación con un enfoque integral que tome en cuenta la vulnerabilidad de la víctima al ser menor de edad.
