El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, se manifestó a favor de que el cobro de Derecho al Alumbrado Público (DAP) en diversos ayuntamientos del estado, incluido el de Puebla capital, no sea excesivo y se ajuste a las fórmulas con las que ha trabajado el Poder Legislativo anteriormente.
En la antesala a la discusión parlamentaria sobre el cobro del DAP en los municipios que así lo soliciten para 2023, el titular del Ejecutivo local confió en el papel que jugarán los diputados poblanos en la definición de tarifas sobre el servicio que la población pagará por la prestación de la iluminación y energía eléctrica en sitios públicos.
Dijo que no hay fundamento para que los gobiernos municipales propongan altas tarifas, pues enfatizó que el recurso no será recibido por las autoridades locales directamente sino que será depositado a las cuentas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Si un ayuntamiento pretende hacer un cobro excesivo que, por cierto, ni siquiera les beneficiaría a ellos, [pues] lo cobraría la CFE (...) Si hay un cobro excesivo pues no se les autorizará, se autorizará por el Congreso seguramente algo que corresponda a las fórmulas y a las tasas que sean las adecuadas”, subrayó esta mañana en conferencia de prensa.
Por ello, consideró inviable que las comunas pidan autorización al Congreso para exigir a sus ciudadanos una tarifa alta. En ese sentido, dijo que los parlamentarios deberán ajustarse a las fórmulas previamente utilizadas para el pago del DAP, pues hizo hincapié en que las mismas fueron aprobadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Una cosa es la pretensión de los ayuntamientos de cobrar, de acuerdo a fórmulas y tasas, y otra cosa es lo que el Congreso del Estado apruebe, rechace o modifique. Ellos tienen ya experiencia porque ya se aplicó el año anterior y se calificó por la Corte como constitucional, o sea, ya hay experiencia”, agregó.
Exgobernadores no tuvieron pudor: Barbosa
En otro orden de ideas, el titular del Ejecutivo local calificó que los ex gobernadores que permitieron la celebración de contratos desfavorables para el estado, tal fue el caso de la construcción de la plataforma Audi, “no tenían pudor ni remordimientos”.
Tras ser cuestionado por medios de comunicación sobre si funcionarios como el ex gobernador Antonio Gali Fayad, quien fungió como secretario de Infraestructura en 2012, durante el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, periodo en que fue erigida la planta de armado de Audi en San José Chiapa, el mandatario sólo dijo que ya hay personas denunciadas penalmente pero evitó decir si Gali Fayad es una de ellas.
“Es un litigio de naturaleza civil, mercantil y fiduciaria, es un litigio que pronto estallará. Las denuncias penales contra servidores públicos ya están presentadas, eso ya está”, apuntó.
Para finalizar, sostuvo que los políticos a cargo del Estado poblano en ese momento eran “señores que no tenían pudor ni remordimiento”, además de que calificó ese periodo de la vida pública de la entidad como “muy torcido”.
