Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado, admitió que en Puebla el personal del Poder Judicial no es bien remunerado, lo cual muchas veces deriva en corrupción. Pese a ello, opinó que su administración ha sido la que más ha invertido en esa rama del Estado mediante la construcción de espacios como las casas de justicia, y afirmó que buscará aumentar el presupuesto que se le destina anualmente.

“Los salarios de las gentes del Poder Judicial de los estados frente al Poder Judicial de la Federación son muy bajos, en serio, créame, son muy bajos. Deberíamos de pagarles más a los jueces, a los secretarios, a los escribientes [y] a los magistrados (...) Los salarios son muy malos”, declaró en rueda de prensa.

Asimismo, sostuvo que tanto la seguridad social como el sistema de jubilación que beneficia a los servidores del sistema judicial, es insuficiente: “¿Sabes con cuánto se va a un juez de jubilación? Con 4 mil pesos mensuales”.

Explicó que una de las consecuencias de esta escasez de recursos provoca que los funcionarios incurran en actos de corrupción, aunque aseguró que no los justifica. En el caso de su gobierno, mencionó que ya ha detectado personas responsables de estos ilícitos, sin embargo, ya están siendo investigadas.

En contraste, reconoció que cuando un integrante del sistema de justicia estatal es culpable de estos actos, la percepción social es distinta.

“Cuando eso ocurre en el Poder Judicial (...) tiene consecuencias inmediatas ante la gente, se duele la gente, la sociedad. Un caso de injusticia agravia (...) a toda la sociedad, todos nos indignamos. Si dejan salir de la cárcel a un delincuente a todos nos duele ¿verdad?”, comentó.

De acuerdo con el tabulador de salarios del Poder Judicial, escribientes, comisarios y diligenciarios pueden ganar poco más de 16 mil pesos mensuales; un oficial mayor hasta 17 mil pesos, un secretario de Estudio y Cuenta puede alcanzar los 25 mil pesos, mientras que un secretario de Acuerdos llega a los 55 mil pesos.

En el caso de jueces, la cifra puede ser de poco más de 44 mil pesos como máximo, un magistrado puede cobrar hasta 87 mil pesos, mientras que el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), cargo que ocupa Héctor Sánchez Sánchez, devenga un salario de 144 mil pesos cada mes.

Ante ese panorama, el titular del Ejecutivo mencionó que durante su administración se hicieron modificaciones a las partidas presupuestales para beneficiar al Poder Judicial, prueba de ello, enfatizó, fue la construcción de las llamadas casas de justicia.

“¿Por qué se hacen casas de justicia? Pues porque el Ejecutivo y el Legislativo aprueban para el Poder Judicial, un presupuesto que les permite hacer eso, no crean que es con ahorros o con donaciones de los litigantes, o de las cámaras que luego piden justicia ¿verdad? Esos no ponen nada, ellos quieren ser privilegiados y los privilegian”, insistió.

Por último, el mandatario opinó sobre la relación entre litigantes y jueces estatales y federales, pues apuntó que en muchas ocasiones existen relaciones entre ambas partes, las cuales tienen como objetivo beneficiar a clientes cuyas posiciones son irregulares.

“Los procedimientos, impugnaciones, y de amparo (...) es muy preocupante todo lo que está ocurriendo, estamos viviendo un momento muy complicado en lo que es los procedimientos legales, las resoluciones tanto a nivel local como a nivel federal, así lo digo porque es lo real”, finalizó.