El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, envió una reforma al Congreso del Estado para incrementar las penas contra los funcionarios públicos que autoricen construcciones en lugares o zonas de alto riesgo, por lo que, quienes incurran en está práctica podar pasar hasta 20 años en la cárcel.
Actualmente, el artículo 199 del Código Penal del Estado establece penas de cuatro a 10 años y multas de 180 hasta 500 Unidades de Medida y Actualización, lo que significa que van de los 17 mil 319 pesos hasta los 48 mil 110 pesos, contra los funcionarios que avalen construcciones en zonas peligrosas.
La propuesta del mandatario estatal busca incrementar el castigo hasta en una mitad, lo que significa que el tiempo que podrían pasar los funcionarios públicos privados de su libertad sería de ocho a 20 años y las multas irían desde los 25 mil 979 pesos hasta los 72 mil 165 pesos.
“La pena de los delitos contra el orden en el desarrollo urbano se incrementará hasta en una mitad más cuando se realicen sobre áreas naturales protegidas o de preservación ecológica, en zonas no consideradas aptas para vivienda o donde exista la probabilidad de que se produzca un daño por considerarse no aptas para vivienda”, dice el dictamen.
De acuerdo con los argumentos, se entenderá como zonas de altos riesgo las áreas naturales protegidas, de preservación ecológica, zonas consideradas no aptas para la vivienda o en las que se produzca un daño por considerarse no aptas para vivienda en los Planes de Desarrollo Urbano.
Asimismo, se planteó que le corresponde a los ayuntamientos expedir las autorizaciones, licencias y constancias por el uso del suelo para construir edificaciones.
De igual forma, deberán estar en coordinación con las autoridades para supervisar el cumplimiento de las normas federales y estatales sobre los derechos de vía de infraestructura energética, telecomunicaciones y zonas federales.
El documento argumentó que su objetivo es dar orden al desarrollo urbano, prevenir asentamientos irregulares y con ello, evitar la muerte de las personas que habitan en dichos lugares o cosas materiales.
De manera técnica, la iniciativa propuso modificaciones a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado, la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil y el Código Penal de Puebla.
Reformas a los notarios
En la misma sesión se recibieron otras reformas del gobernador con las que pretende mejorar la forma en la que se desempeñan los notarios de la entidad.
En el Artículo 13 puntualiza que el principio de inmediación implica que la presencia del notario será indispensable durante los actos que inapliquen sus labores.
“El principio de inmediación implica que la presencia del Notario Público será indispensable de forma permanente durante la celebración de todos los actos que impliquen el ejercicio de su fe pública y sobre todo de forma rigurosa en los actos y operaciones”, presentó.
En el artículo 21 pretende incluir que a los notarios suplentes y auxiliares también se les creará un expediente individual en los que se concentrarán sus antecedentes relevantes para la prestación de servicios, elementos de calificación de actuación y detección de irregularidades, avisos, así como quejas.
Dicho procedimiento actualmente ocurre únicamente con quienes soliciten examen de aspirante y de la persona titular de la notaría.
Asimismo, especifica que las formas ordinarias para acceder a notariado suplente, notario auxiliar y titular de una notaría es resultar triunfador en un examen para el que se haya concursado.
Aunado a lo anterior, en el estado existirán tres tipos de exámenes, uno para notario suplente, auxiliar y titular de una notaría.
En el artículo 54 de la normatividad se cambia que la sede del test sea preferentemente en las oficinas del Colegio y propone que en cada caso la autoridad notarial lo designe.
Sobre los requisitos para solicitar el examen se mantiene ser mexicano por nacimiento, tener 25 años cumplidos y no más de 60 cuando se solicite el examen, estar en pleno ejercicio de sus facultades, gozar de buena reputación personal, honorabilidad.
Propone eliminar la residencia de tres años ininterrumpidos, se reduce el periodo en el ejercicio de la profesión, por lo que pasará de 10 a cinco años, la comprobación de que se ha realizado la práctica notarial interrumpida también sufrirá cambios por lo que, ya no deberá verificarse por un año, sino por seis meses.
En el contenido del examen ya no serán 50 temas, el mandatario estatal propuso 20.
Las propuestas fueron recibidas por la Mesa Directiva y turnada a comisiones para su análisis, en caso de ser aprobada será remitida al pleno para que los miembros del Poder Legislativo la analicen.
