La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó una inconsistencia fiscal en el ejercicio presupuestal estatal de 2019 y 2020, presumiblemente durante el gobierno Miguel Barbosa Huerta, la cual ocasionó al erario un endeudamiento de 722.3 millones de pesos, reveló la secretaria de Planeación y Finanzas (SPF), Josefina Morales Guerrero.

En rueda de prensa, la funcionaria reveló que la autoridad federal notificó al gobierno de Puebla sobre la discrepancia fiscal ocurrida entre 2019 y 2020, tiempos en los que la dependencia fue encabezada casi en su totalidad por Teresa Castro Corro, quien abandonó el servicio público en junio pasado.

Detalló que la diferencia en los cálculos fue de 722.3 millones de pesos, los cuales serán pagados por la presente administración, adelantó, por su parte, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien destacó que busca “sanear” las finanzas públicas y subsanar los pendientes económicos heredados por administraciones pasadas.

“Se nos instruyó hacer una revisión de toda la parte fiscal y, en coordinación con la autoridad fiscal federal, se verificó que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por concepto de sueldos y salarios del gobierno de Puebla, de los años 2019 y 2020, existe una diferencia en el cálculo, que representa, en este momento, 722.3 millones de pesos. Esto significa un adeudo que tendríamos que estar cubriendo para tener el compromiso de no tener obligaciones fiscales incumplidas”, enfatizó la secretaria.

Barbosa entregó despensas sin justificar gasto

Morales Guerrero indicó que se entregaron recursos por concepto de “despensa” a diversos trabajadores estatales, incluidos los del magisterio, sin embargo, no se gravaron en las cuentas públicas, es decir, no se justificó el gasto de forma apropiada.

“Lo que obedece principalmente este cargo, adeudo, a que el concepto de la despensa no se gravaba. Básicamente, el concepto de despensa, y ¿por qué a lo mejor es un importe alto? Pues porque estaba, por ejemplo, magisterio, en el tema de la despensa, bueno, también lo que es el tema de dependencias y entidades. Lo detecta el SAT en la revisión y es cuando se determina que hay una diferencia en lo que nosotros estábamos timbrando”, agregó.

Por otro lado, aunque refirió que la inconsistencia ocurrió entre 2019 y 2020, no detalló si comenzó en el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido o si todo ocurrió durante la gestión de Barbosa Huerta.

En ese tenor, Céspedes Peregrina defendió que su administración enmendará el endeudamiento generado durante esos años, pues es primordial que los intereses no aumenten el valor del compromiso financiero.

“Si no hacemos esto se sigue incrementando todos los días el crédito fiscal, y en algún momento se va a tener que pagar y va a ser más fuerte y quizá sin un criterio de oportunidad para tratar de tener una recuperación”, señaló el titular del Ejecutivo local.

Por otro lado, la titular de la SPF dio a conocer que, del endeudamiento de 2 mil 609 millones de pesos que heredó la administración estatal del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, la SHCP reintegró a las finanzas locales mil 956 millones de pesos, es decir, dicho compromiso fiscal le costó al erario 653 millones de pesos.

Cabe recordar que esta deuda se originó luego de que en la administración de Moreno Valle Rosas se solicitara al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una devolución de impuestos por 702 millones de pesos. No obstante, la solicitud se hizo con base en fundamentos irregulares, lo cual fue considerado por la SHCP como un acto doloso, imponiendo así al Estado poblano un crédito fiscal.

Los gobiernos consecuentes litigaron la decisión del SAT, con la finalidad de eximir al erario estatal del pago de dicho crédito, sin embargo, a la par del juicio, los intereses del compromiso crecieron hasta llegar a 2 mil 700 millones de pesos.

En consecuencia, el SAT cobró al gobierno de Puebla 2 mil 600 millones de pesos para liquidar la deuda, lo cual fue aceptado por el mandatario Céspedes Peregrina, esto con el objetivo de que los intereses no siguieran aumentando en un juicio que, según el gobernador, era inviable de ganar.

En otro orden de ideas, Morales Guerrero señaló que recientemente se hizo una reestructuración de la deuda pública estatal, esto con la institución financiera BBVA. De esta manera, expuso que se garantizó un ahorro de 71 millones de pesos.

Para finalizar, la secretaria señaló que el gobierno estatal modificará el Plan Estatal de Desarrollo, esto con la finalidad de contar con nuevos objetivos a cumplir el siguiente año, y que estos sirvan para justificar el plan de egresos para 2024. A propósito, el mandatario Céspedes Peregrina descartó que se tenga prevista la inclusión de nuevos impuestos para el siguiente año.