La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Nancy Jiménez Morales, presentó una propuesta de reforma para considerar los “favores sexuales” como hostigamiento, un delito que en la entidad se castiga hasta con dos años de cárcel, según el Código Penal del Estado.
Actualmente, el artículo 278 Bis estipula que comete el delito de hostigamiento quien “valiéndose de una posición jerárquica derivada de la relación laboral, docente, doméstica o cualquier otra que genere subordinación, asedie a otra persona emitiéndole propuestas, utilice lenguaje lascivo con este fin o le solicité ejecutar cualquier otro acto de naturaleza sexual”.
Sin embargo, se planteó agregar lo siguiente: “También comete el delito de hostigamiento sexual, quien solicite a otra persona favores sexuales, para sí o para una tercera persona, a cambio del otorgamiento o ascenso en un empleo, cargo o comisión, o la entrega de cualquier prestación o servicio, que esté en su poder conceder o retener”.
Por lo anterior, en caso de que la reforma sea aprobada, las personas que incurran en solicitar "favores sexuales” podrán pasar de seis meses hasta dos años de cárcel, así como ser acreedores a una multa de de 50 a 300 días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMAS).
El proyecto fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia que encabeza Eduardo Castillo López y en caso de ser analizado será después del 15 de septiembre porque actualmente los diputados están en receso legislativo.
En los argumentos del dictamen se dejó por sentado que, del total de mujeres de 15 años y más, el 70.1 % ha experimentado al menos un incidente de violencia, como lo fueron la psicólogica, económica, patrimonial, física, sexual y discriminación, en, al menos un ámbito.
Se justificó que actualmente existen una serie de formas de agresión en contra de las mujeres, las cuales pueden representarse de forma muy sutil, y ejemplificó con el hostigamiento sexual.
“No se puede negar que todas las formas de violencia sexual afectan gravemente los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres, por lo que es obligación del estado atender estos casos de transgresión a los derechos humanos, de manera imediata, evitando con ello la revictimización de quienes, de por si, ya sufrieron el hecho”.