Buscan que albergues poblanos den seguimiento a casos de mujeres violentadas

El seguimiento se plantea que sea de un año

Berenice Martínez | El Sol de Puebla

  · jueves 12 de noviembre de 2020

Foto: Archivo El Sol de Puebla

La diputada local Mónica Lara Chávez presentó una iniciativa para reformar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado a fin de que los albergues cuiden el egreso y seguimiento de las mujeres víctimas de violencia.

La propuesta que reforma los artículos 53, 54 y 56 de la ley fue presentada este jueves durante la sesión plenaria del Congreso del Estado, misma que fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y resolución.

Mónica Lara explicó que la iniciativa tiene como propósito garantizar que los albergues, casas de medio camino y refugios de mujeres en situación de violencia cuenten con un modelo adecuado para el egreso y seguimiento de las víctimas.

Además que verifiquen cada tres meses durante un año posterior a su egreso, que tanto la víctima como sus hijos, no se encuentren en riesgo o hayan vuelto a la situación de violencia, en cuyo caso se deberá ofrecer y garantizar el reingreso.

PROPONEN SOBRESEER ACCIÓN PENAL EN PENSIÓN ALIMENTICIA

Por otra parte, la diputada Nancy Jiménez Morales presentó una iniciativa de reforma al artículo 348 del Código Penal del Estado de Puebla.

Explicó que el objetivo es que cuando exista el delito de abandono, se sobreseerá la acción penal cuando la o el procesado cubra las pensiones alimenticias que deba, de acuerdo a lo que haya decretado el Juez Familiar o Civil y otorgue una garantía suficiente para la subsistencia de la o las personas abandonadas.

La propuesta fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y resolución correspondiente.

Además, Tonantzin Fernández Díaz propuso reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado para permitir la colocación de cámaras en las oficinas de los ministerios públicos, a fin de procurar que los procesos no sean violatorios a los derechos humanos.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Derechos Humanos, para su estudio y resolución procedente.