La diputada local Rocío García Olmedo presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Salud para que las instituciones públicas de salud en la entidad procedan a la interrupción legal del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad cuando una mujer lo solicite, desde la concepción y hasta la décima segunda semana de gestación.
Impulsa las reformas y adición a diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud para que, entre otras cosas, se agregue el capítulo VIII denominado Interrupción Legal del Embarazo y los artículos 70 Bis y 70 Ter con el fin de que se permita el aborto gratuito en Puebla.
Para ello las instituciones de salud deberán proporcionar servicios de consejería médica y social, con información veraz y oportuna de otras opciones con que cuentan las mujeres además de la interrupción legal del embarazo, tales como la adopción o los programas sociales de apoyo, así como las posibles consecuencias en su salud.
Cuando la mujer decida practicarse un aborto, estas instituciones deberán realizarlo en un término no mayor a cinco días naturales, contados a partir de que sea presentada la solicitud y satisfechos los requisitos que establezca la Secretaría de Salud estatal, excepto cuando la mujer declare, bajo protesta de decir verdad y previa denuncia ante el Ministerio Público, que el embarazo es resultado de una violación sexual.
En este caso la institución deberá efectuar el aborto inmediatamente, de conformidad con la legislación y normatividad en materia de atención a víctimas de un delito.
Los hospitales del gobierno del Estado atenderán las peticiones de interrupción legal del embarazo a las mujeres, aun cuando cuenten con otro servicio de salud público o privado, con estricto apego a la normatividad en materia de protección de datos personales.
PERSONAL MÉDICO PODRÁ EXCUSARSE
La propuesta de la diputada plantea agregar el artículo 70 Ter para que el personal médico y/o de enfermería a quien corresponda practicar la interrupción del embarazo y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal procedimiento, podrá excusarse teniendo la obligación de referir a la mujer con el personal que pueda hacerlo.
Cuando el aborto sea urgente para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, no podrá invocarse la objeción de conciencia. Tampoco cuando el embarazo sea resultado de una violación sexual y no haya personal médico o de enfermería que pueda practicarlo.
La propuesta de García Olmedo se encuentra en análisis de la Comisión de Salud del Congreso del Estado y señala que es obligación de las instituciones públicas de salud del gobierno estatal garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia en la materia.
En caso de que la iniciativa sea aprobada en comisión y luego en el pleno del Congreso, el gobernador del Estado deberá solicitar los recursos suficientes que permitan atender el derecho de las mujeres a la educación sexual, así como a la salud sexual y reproductiva.
La despenalización del aborto es uno de los pendientes de la LX legislatura, ya que en 2019 los diputados locales solo aprobaron una iniciativa del gobernador Luis Miguel Barbosa, que solo redujo de cinco años a uno la pena para las mujeres que aborten.