El dirigente del extinto partido Fuerza por México, Gerardo Islas Maldonado, reapareció luego de que venció el plazo para devolver al Instituto Nacional Electoral (INE) los 33.9 millones de pesos que presuntamente gastó sin autorización para costear a proveedores y se deslindó de los señalamientos.
A través de un video que publicó en su cuenta de Twitter, Islas Maldonado descartó estar prófugo de la justicia y sostuvo que está atendiendo los requerimientos del INE para la devolución de 33.9 millones de pesos y el pago de los adeudos de trabajadores del partido político.
El exdiputado local se defendió de las acusaciones y dijo que la información que circuló en los medios de comunicación sobre el presunto uso de recursos indebidos es falsa y está sustentada en información sin comprobar.
Incluso, aseguró que continúa trabajando arduamente y se encuentra recorriendo el país porque el partido tiene presencia en el 80 por ciento del territorio nacional.
“No he parado de trabajar y de recorrer el país hasta este momento, me encuentro en total disposición (…) Estoy promoviendo que se lleve a cabo una auditoría total y profunda de las finanzas del partido y en el eventual caso de que se encuentre alguna irregularidad, por mínima que sea, seré el primero en presentar una denuncia o las que sean necesarias”, expuso.
Anunció que solicitó “una auditoría total y profunda” para detectar cualquier anomalía en el uso de las prerrogativas y en caso de encontrar alguna irregularidad presentará las denuncias correspondientes.
La semana pasada venció el plazo para que Gerardo Islas devolviera los 33. 9 millones de pesos que presuntamente dio a proveedores en 140 pagos que fueron desde los 500 pesos hasta los 2.6 millones de pesos, motivo por el que puede ser acusado de delito electoral e ir a prisión, al igual que la secretaria general de la fuerza política, Alma Lucía Arzaluz Alonso y Pablo Enrique Gutiérrez, secretario de administración.
Fue en noviembre del año anterior cuando el Consejo Nacional del instituto determinó la reintegración del recurso y asociar las cuentas bancarias de la fuerza política a un interventor del INE para evitar el uso indebido de más recursos.