Ante el crecimiento del modelo de hospedaje comerciado a través de instrumentos digitales, el gobierno del estado envió al Congreso una propuesta para regular las plataformas relacionadas con este servicio, ya sean gestores directos o intermediarios, como Airbnb, Booking y TripAdvisor, por mencionar los ejemplos más conocidos. La intención es que estas firmas paguen el Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje en el Estado, correspondiente al 3 por ciento de sus ingresos.
En pasadas ediciones, esta casa editorial ha dado cuenta de que algunos especialistas opinan que la ausencia de regulación de las plataformas de este giro en Puebla, impiden una verdadera recuperación económica después de la pandemia, porque hay flujos de dinero que no son captados por el gobierno, ni la industria hotelera.
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Además, este estilo no es rentable para todos, porque algunas personas han obtenido grandes ganancias, y, para otro grupo no es redituable.
Gobernador va por regulación
Desde finales del año pasado, la administración estatal analizaba la posibilidad de regular las plataformas digitales con la intención de tener una competencia equilibrada con los empresarios dedicados al sector hotelero.
Sin embargo, apenas recibió el Congreso local una modificación a la Ley de Hacienda, donde se propone establecer un apartado denominado “De Las Plataformas Digitales de los Servicios de Hospedaje, en el Capítulo II, del Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje”.
Su objetivo es obligar a que las plataformas digitales retengan el impuesto, como ocurre con los hoteles y moteles ubicados en territorio poblano, así como darles una serie de obligaciones legales.
Entre ellas, solicitar la inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes como retenedor del impuesto, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se coloquen en la hipótesis de la retención del impuesto, de acuerdo con las reglas que emita la Secretaría de Planeación y Finanzas y, que serán publicadas en el Periódico Oficial del Estado (POE).
Se aclara que la retención se efectuará en el momento en que se pague la contraprestación por los servicios contratados. También se conservará copia de la documentación comprobatoria del servicio prestado objeto de este impuesto, que deberá contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y en su caso, la clave del registro de quien la expida.
En la propuesta del mandatario estatal se aclaró que la disposición aplicaría para las plataformas digitales, aunque no menciona específicamente el nombre de alguna y se entenderán de la siguiente forma:
“A la aplicación electrónica de servicios de hospedaje que la persona física, persona moral o la unidad económica, administradora del programa informático, opera en su carácter de gestor, intermediario, promotor, facilitador o cualquier otra actividad análoga, para permitir a los usuarios contratar servicios de hospedaje en inmuebles con terceros”.
A partir de ese entendido, se puede deducir que aplicará para plataformas como Airbnb, que ofrece el servicio de hospedaje digital de manera directa, así como Booking y Tripadvisor, que fungen como intermediarios.
Estás plataformas son de las más populares en la entidad, pero, si aparece otra similar, también deberá sujetarse a los nuevos lineamientos.
Hasta el momento, dichas plataformas no pagan el Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje en el Estado que se pondrá en marcha. Este impuesto es un gravamen de carácter estatal que grava los servicios de hospedaje, así que el responsable fungirá como el retenedor temporal del mismo para enterarlo a la hacienda estatal.
En reiteradas ocasiones, integrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles han calificado las plataformas de hospedaje como una competencia desleal, y solicitado la intervención de las autoridades estatales para evitar más abusos.
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La propuesta de reforma del mandatario estatal fue enviada a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para su análisis correspondiente, queda pendiente su posible aprobación y remisión al pleno.
En los artículos transitorios, se aclaró que las nuevas disipaciones entrarán en vigor un día después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE), que, a su vez, se expone después de aprobarse por completo en el Legislativo.