La diputada local del PT, Mónica Lara Chávez, presentó una iniciativa para tipificar la discriminación o acoso laboral por maternidad, con el objetivo de que sea considerado delito el negar los permisos de maternidad y paternidad o presiones para orillar a las madres a que renuncien a sus trabajos por atender a sus hijos.
La legisladora explicó que entre 2011 y 2017 la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) recibió más de 2 mil quejas en el trabajo, donde el acoso por maternidad fue la queja más recurrente, seguida de la discriminación por condiciones de salud y por género.
Además, expuso que para las empresas representa un gasto adicional el respetar los permisos de maternidad porque implica contratar un sustituto.
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“Las licencias de maternidad y paternidad muchas veces suponen un gasto económico e implica la búsqueda de un sustituto, a esto hay que sumarle la hecho de que la mujer embarazada podrá ausentarse del centro de trabajo por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y la etapa de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada laboral”.
Aseguró que cuando una mujer quiere hacer válidos sus permisos por maternidad, genera conflictos con algunas empresas que presionan para que deje el puesto voluntariamente.
“Cuando una mujer comunica su embarazo, en ocasiones implica que en su centro de trabajo se tomen medidas en su contra con el propósito de orillarla a renunciar voluntariamente”.
Es por ello que planteó la reforma al artículo 14 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que ingresó en sesión de la Comisión Permanente para turnarla a comisiones.
“Propongo que se considere violencia laboral, además de lo ya estipulado en la ley, el negar el goce de licencia de maternidad o paternidad, despedirla o coaccionarla para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de los hijos y las hijas menores”.