Ante el anuncio de la Unidad Especializada para Investigar los Delitos Cometidos Contra la Comunidad LGBTTTTIQ, organizaciones civiles denunciaron que la forma de trabajar del organismo adherido a la Fiscalía General del Estado (FGE) es incierta, pues no existen mecanismos para detectar los crímenes de odio como tal.
Si bien, el esfuerzo para visibilizar, atender y castigar los crímenes de odio en la entidad fue aplaudido por distintos colectivos, estos recordaron que los delitos contra las personas de la diversidad sexual no se han logrado identificar adecuadamente en ninguna entidad federativa.
De acuerdo con el informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Contra las Personas LGBT en México, presentado por la Fundación Arcoíris en junio de este año, Puebla se ubicó en el quinto puesto por los actos de violencia contra las personas con identidades sexuales no normativas.
En ese sentido la Fundación calculó que, por cada caso que es visibilizado, existen tres más de los que no se tiene registro debido a que las personas de la comunidad LGBTTIQ han preferido ocultar sus identidades de género para no caer en la revictimización de los delitos que les fueron infringidos.
Además, señalaron las dificultades a las que, tanto autoridades en materia de Seguridad y Justicia, así como de las organizaciones y colectivos que buscan reconocer los crímenes de odio, son tan simples como el que el asesinato de una mujer lesbiana o bisexual se integrante la FGE como feminicidios.
Por otra parte, se denunció que las principales víctimas de los crímenes de odio fueron las mujeres transexuales, de forma que apenas se aspira a que las averiguaciones por sus muertes sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado.
