Las reformas avaladas por la LX Legislatura, específicamente los decretos con los que se busca remover al encargado de despacho de la FGE y echar abajo la Ley Bala, carecen de fundamento y generan vacíos legales, así justificó el gobierno estatal la presentación de "observaciones" a las recientes aprobaciones legislativas promovidas por Morena.
Mediante un comunicado de prensa, la Secretaría General de Gobierno (SGG) advirtió que la realización de observaciones son una facultad que tiene el Ejecutivo, contemplada en los artículos 64 y 79 de la Constitución Mexicana.
En cuanto a la reforma para remover a Gilberto Higuera, el gobierno defendió que a ninguna Ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
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"El Artículo Tercero Transitorio de la Ley que se observó es retroactivo, porque pretende afectar los nombramientos del Fiscal General y del Encargado de Despacho, que fueron generados con anterioridad a la emisión de la reforma", dice la misiva, en la cual se subraya que la FGE es un órgano autónomo que tiene la capacidad de decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.
Sobre la segunda reforma, cuyo nombre correcto es abrogación de la Ley para proteger los Derechos Humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, la SGG señaló que su aplicación generaría un vacío legal que se traduciría en un actuar discrecional de los elementos policiales.
Por lo anterior, el gobierno estatal propuso ajustar ese transitorio para quedar de esta manera:“El presente Decreto entrará en vigor una vez que el Congreso del Estado establezca nuevas disposiciones para la protección de los Derechos Humanos y el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las instituciones policiales en el Estado de Puebla y las mismas se publiquen en el Periódico Oficial del Estado.”
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