Hace ocho años se empezaron a construir las primeras Casas de Justicia del estado de Puebla con el objetivo de transitar al entonces nuevo sistema de justicia penal. La intención de crear estos espacios fue acelerar los procesos legales, tener personal altamente capacitado, acercar a todos los ciudadanos el acceso a la impartición de justicia para hacer efectivo el estado de derecho y ayudar verdaderamente a las víctimas de delitos, no a quienes tuvieran dinero para comprar sentencias a partir de la corrupción de los jueces.
En la actualidad existen 14 Casas de Justicia en distintos puntos del estado, ubicadas en los municipios de Libres, Zacatlán, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Acatlán, Teziutlán, Tehuacán, Atlixco, San Andrés Cholula, Puebla, Tecamachalco, Ciudad Serdán, San Martín Texmelucan y la Casa de Justicia para el Adolescente. Sin embargo, ciudadanos, activistas y abogados confirman que, durante estos años, el Poder Judicial no ha podido cumplir con estos objetivos, sino que, por el contrario, ahora hay nuevas y mayores deficiencias.
Los entrevistados acusan que hay lentitud en los procesos por falta de personal, audiencias diferidas por falta de coordinación con la Fiscalía, personal no capacitado para dar atención sin revictimizar (principalmente a las mujeres), inexistencia de valoraciones psicológicas, escasa vigilancia en las noches (lo que pone en vulnerabilidad a los afectados que acuden a esa hora a denunciar) y muy pocos juzgados y jueces.
Sobre los jueces, los abogados consultados para este trabajo señalan que muchos de ellos se rehúsan a trabajar de forma presencial pese a que la pandemia por la Covid-19 ha dejado de ser una emergencia sanitaria mundial y las restricciones se han acabado.
El Sol de Puebla hizo una radiografía de la situación que impera en estos inmuebles, que fueron construidos en el sexenio del gobernador Rafael Moreno Valle y que cada uno costó a los poblanos más de 30 millones de pesos. Se expondrán sus condiciones, de voz de los ciudadanos y los abogados que los utilizan, con el propósito de saber si cumplen los objetivos trazados desde su inauguración: que la justicia sea ágil, transparente y eficiente.
Falta de conocimiento de la ley e incapacidad
En entrevista con este medio, Christian Arellano, abogado y asesor jurídico de varias colectivas en Puebla, compartió que acude frecuentemente por el desahogo de audiencias, que es un proceso en donde las partes involucradas exponen sus pruebas ante el juez para que se emita la sentencia o fallo correspondiente. No obstante, en un gran porcentaje de los casos se las difieren por falta de conocimiento de la ley.
“Lo que he visto en las Casas de Justicia es falta de conocimiento por parte de algunos juzgadores y falta de capacidad. Recordar que en los temas de violencia, bajo cualquiera de sus modalidades, siempre se requiere un conocimiento especializado, y aquí, en algunos casos, lo desconocen y dilatan un proceso que pudo ser en semanas. No saben qué es juzgar con perspectiva de género y no conocen los protocolos esenciales para llevar un caso”, indicó.
Otro problema que ve en las Casas de Justicia es la ausencia de jueces. Desde que llevan un caso les avisan que hay pocos y los pocos que hay en ocasiones no acuden de forma presencial para llevar su caso. “Pondré de conocimiento una circunstancia, incluso ya se la puse de conocimiento a la magistrada presidenta (Margarita Gayosso, del Tribunal Superior de Justicia), el juez Francisco Javier Martínez Castillo ya ni siquiera comparece presencialmente”, reveló.
El abogado dijo que este juez no tiene ni un argumento para hacer de forma remota los juicios y que, hasta el momento, no hay nadie que le llame la atención. Desde su óptica, esto hace que la justicia no sea empática, que los violentados sigan sin tenerle fe a las autoridades y este juez no respeta la creación de estos lugares que se hicieron para atender de forma presencial los casos.
Su sugerencia para que las Casas de Justicia se conviertan en un lugar de verdadera ayuda para los ciudadanos es que se capacite a todo su personal, desde los elementos de seguridad que no saben cómo actuar en casos extremos de violencia, hasta los jueces que son los que tienen en sus manos hacer un cambio. Asimismo, que conozcan la disposición normativa que debe de aplicarse, porque muchos nunca se aprendieron el Nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Para concluir, comentó que hace falta más coordinación entre el Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia, ya que hay casos que se estancan porque los agentes de esta última institución no entregan de manera íntegra la carpeta y eso retrasa los casos. En suma, los jueces no hacen nada para solucionarlo, sino que difieren audiencias y se van, mientras tanto, las víctimas siguen expuestas.
“Que impartan justicia, que administren justicia de manera eficaz y que lo hagan de manera pronta porque el integrar una carpeta de investigación, el judicializar la causa y eventualmente dictar una sentencia, en estos lugares puede llegar a tardar más de dos años, porque las difieren, no realizan de manera adecuada los procedimientos (…) su excusa favorita para diferir audiencias es que la Fiscalía no entrega copias de manera íntegra”, finalizó.
- Leer más: Ángel pide ayuda al gobernador para que su hija, atacada sexualmente en una escuela, tenga justicia
Personal escaso y desorganizado
Por su parte, Julio Santos Lozano, docente del Instituto de Ciencias Jurídica de Puebla (ICI) y abogado, opinó que c y, por ende, una gran desorganización en las Casas de Justicia. Por esta situación, las audiencias se retrasan pese a que están programadas desde varias semanas antes.
“Hemos llegado a esperar tres horas y media en un proceso de minutos y en las audiencias, cuando señalan una hora, no la cumplen. A los administradores se les ha comentado que son citas programadas y que no deberían de retrasarse tanto entre una y otra, pero nos dicen que hay pocas salas o juzgados y que no se dan abasto. Yo creo que ese es el mayor problema”, expuso.
Desde su óptica, esta situación afecta principalmente a las personas de bajos recursos, ya que ellas tienen que gastar dinero extra para movilizarse y si no les cumplen en el horario tienen que buscar qué comer, lo que significa otro gasto, y si la audiencia se difiere hasta el otro día, deben buscar dónde dormir, y muchos de ellos no tienen dinero suficiente para quedarse fuera de su hogar.
“Hay veces que suspenden audiencias programadas para todo un día y reprogramarlas en otra fecha no es tan fácil. Se da también por el cúmulo de trabajo, que es bastante. Las audiencias son bastante cansadas, una de la otra se puede dar entre tres meses y eso hace que los afectados no tengan justicia inmediata”, subrayó.
Su recomendación para que las Casas de Justicia de verdad ayuden es contratar más personal, que se abran más juzgados y que se nombren más jueces. También que se cubra toda la demanda de los lugares en donde se instalan y que tomen en cuenta la incidencia delictiva de cada región. “Con base en el crecimiento de incidencia delictiva debe de ir acorde el crecimiento de personal y nombramiento de jueces, secretarios y todo lo que implica”, precisó.
No existen guardias nocturnas
Arturo Manuel López es abogado especializado en casos de violencia vicaria. Compartió que estos lugares se crearon con el objetivo de acercar los servicios jurídicos a toda la ciudadanía, pero esto no ocurre al cien por ciento. Pone como ejemplo que a las víctimas que llegan en la noche no las atienden, por lo que las hacen regresar a sus hogares sin garantías de seguridad. En el caso de mujeres violentadas, tienen que regresar muchas veces a sus hogares, con sus agresores.
El argumento nuevamente es el escaso personal y que en las Casas de Justicia “no hay guardias”. “Desde el primer filtro al que las personas llegan, se encuentran con una persona que no estudió Derecho, que les menciona que no las pueden atender, no existe un estudio de cada caso en concreto, esto va de la mano de la falta de capacitación”, lamentó.
Otro punto es la revictimización de las personas que acuden a solicitar ayuda, pues las culpan de lo que ocurrió y si se trata de mujeres es peor, pues juzgan su vestimenta de ese día, sus decisiones y en algunos casos les han quitado el teléfono celular por más de ocho meses para “investigarlo”, dejándolas sin comunicación.
“¿Y si es una persona de escasos recursos que no tiene para comprarse un teléfono nuevo?, queda totalmente incomunicada. Otro punto es que cuando ingresan a las Casas de Justicia a todos les piden ingresar sin teléfonos y no hay forma de que alguien pida ayuda o asesoría de sus abogados, y para concluir, la lentitud en todos los procesos por falta de personal”, enlistó.
Su sugerencia es que se capacite a todo el personal, pues, aunque se dijo que con estas casas se transitaba a un nuevo sistema de justicia, la realidad es que el personal sigue con la “vieja escuela” y son muy pocos los que tratan de actualizarse para dar un mejor trato: “No hay empatía, no hay calidad en el servicio y parece que no quieren ocupar esos puestos. A los asistentes los tratan mal por el poco personal, pero hasta llegan a deshumanizarlos”.
Difícil acceso, poco personal e incumplimiento con las citas
El Sol de Puebla realizó un recorrido por algunas de las Casas de Justicia y los ciudadanos que acuden dieron a conocer sus diferentes problemáticas, ya que no en todas tienen los mismos inconvenientes. Por ejemplo, en el inmueble Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, el principal problema es que el personal no se da abasto y esto hace que las audiencias programadas se retrasen y que el lugar siempre esté atiborrado de personas.
Las personas que acuden a este lugar y que pidieron mantener su identidad en el anonimato indicaron que muchas veces contratan a abogados por horas y si llegan y no los atienden a la hora indicada, el cobro de su defensora aumenta. También expusieron que la justicia es lenta, ya que si se difieren las audiencias por registrar demasiados casos, se “alenta” el proceso para que exista una condena.
En el interior se pueden ver patrullas, hay vigilante y personal que sale constantemente por comida o que acude a la plaza y de acuerdo con la página oficial aquí hay 19 abogados trabajando de tiempo completo. Por su alta asistencia, ya instalaron bancas en su entrada, esto con el objetivo de que puedan sentarse y esperar.
Su estacionamiento no tiene la capacidad necesaria para las personas que acuden y tienen que ocupar los lugares vacíos de la plaza comercial que está al frente de este inmueble. Esta Casa está ubicada en la Prolongación de la Avenida 11 Sur, número 11921, en la colonia Ex Hacienda Castillotla. Las personas que no tienen vehículo pueden llegar si toman la Red Urbana del Transporte Articulado (RUTA), la unidad 4, la 20 o los taxis colectivos y sólo tendrían que caminar. Su acceso es fácil.
En contraste, la Casa Ubicada en Cholula es de difícil acceso, pues está a un costado del Periférico Ecológico, no hay rutas del transporte público que pasen en sus calles aledañas y la única forma de llegar es en auto propio, taxi, o los entrevistados refirieron que tienen que pedir ayuda a sus conocidos para que los lleven.
Este lugar no tiene tanta demanda como el ubicado en la capital, los asistentes argumentaron que es por su ubicación, ya que no sólo atiende a los vecinos, sino que muchas veces desde la FGE los envían aquí sin tomar en cuenta su lugar de residencia. Durante el tiempo que se estuvo en el lugar no se vieron filas inmensas, sino al contrario, muy pocas personas en circulación.
Está ubicada en el Periférico Ecológico, con número 100, en la colonia Emiliano Zapata, en San Andrés Cholula, Puebla. Su nombre completo es Casa de Justicia de la región judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula y de acuerdo con la página oficial hay tres abogados trabajando de tiempo completo en este lugar.
La Casa de Justicia de la región judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, tiene una problemática similar a la anterior, pues sólo una ruta del transporte público puede acercar a la gente, pero la deja al otro lado del puente, que es conocido como el “Puente del Verde” y otra cerca de la “Fábrica del Pilar”. En ambos casos las personas tienen que caminar alrededor de 15 minutos para llegar al inmueble.
Está ubicada en la calle Manuel P. Montes, número 100, entre la carretera Verde y Autopista México- Puebla, en la colonia Santa Catarina Hueyatzacoalco. A diferencia de la de Cholula, aquí se ve más movimiento y los comerciantes de la zona dijeron que acuden por “programación”, es decir, que sólo acuden abogados y ciudadanos demandantes cuando tienen una audiencia. Si no hay audiencias, el lugar suele verse solo.
Las pocas personas que ingresaron compartieron a este medio que tenían audiencias o citas, y que el único problema que le ven es la falta de personal, ya que, si hubiera más trabajadores, las audiencias se realizarían más seguido y no tendrían que esperar tanto tiempo para alcanzar la justicia.
Por la falta de personal, tampoco se cumple con las citas agendadas y tienen que diferirlas, en ocasiones, hasta un mes. “Por ejemplo, si mi caso está concreto y ya sólo tengo que venir a audiencia para que determinen una sentencia, pero me la difieren porque no hay secretarios o no llegó el juez, se puede retrasar hasta dos meses y en ese tiempo la defensa puede encontrar muchos argumentos para contraatacar y que el caso se vuelva más complejo”, reveló una abogada.
El lugar cuenta con siete patrullas oficiales y ha servido para potencializar los comercios de la zona, principalmente las papelerías y los negocios de comida, pues les ofrecen sus servicios a las personas que acuden. Hay letreros en las calles aledañas que te indican cómo llegar y el edificio cuenta con su nombre en letras grandes para identificarlo.
No obstante, la Casa de Justicia de la región judicial Centro-Poniente, con sede en Atlixco, no cuenta con señalética para llegar a este lugar y cuando este medio acudió encontró a varios ciudadanos que preguntaban: “¿Saben en dónde está la Casa de Justicia?” Las personas que sacan copias a un costado del inmueble en una combi se han convertido en los informantes, pues no hay policías o personal que puedan orientarlos.
Está ubicada en el Bulevar Dr. Rafael Moreno Valle, número 1601, en la colonia Las Nieves, y sólo cuenta con un pequeño letrero pasando el bulevar y con unas lonas despintadas en una esquina que dicen: “Poder Judicial” y las órdenes de protección para mujeres y niñas víctimas de violencia.
En este lugar nuevamente se vio poco personal, pero unos abogados que acudieron explicaron que esto se debe a que las audiencias son programadas, sólo cuando hay varias audiencias en un día es cuando se puede ver mucha gente, sino sólo se verán pocas personas, como el día que acudió este medio. Aquí sí hay varias rutas de transporte público para poder llegar, pero la problemática sigue siendo el poco personal.
Servicio deficiente
Como deficiente fue calificado el servicio que otorga el personal de la Casa de Justicia de la región judicial Oriente con sede en Teziutlán, la cual está ubicada en la calle La Mesilla, número 10, en la colonia Industrial.
Con base en la experiencia de algunas personas que han sido víctimas de algún tipo de delito, en el lugar deben esperar por horas, para ser atendida por los servidores públicos, primero siendo objeto de un interrogatorio, para posteriormente determinar el proceder de la denuncia y con ello esperar la llegada del agente del ministerio público encargado de recibir la querella, invirtiendo en ello gran parte del día. El argumento de la tardanza es, otra vez, el poco personal.
Algunos ciudadanos denunciaron que, por ser horas de comida, fines de semana o días inhábiles, no se cuenta con personal para recibirlos, siendo exhortados a presentarse días después o que acudan a otras oficinas de la Fiscalía que están hasta el municipio de Hueytamalco. Sin embargo, muchos de ellos no cuentan con el dinero suficiente para transportarse.
La Casa de Justicia de la región judicial Oriente, con sede en Izúcar de Matamoros, está en la calle Parcela, número 1977 Z-1, en la Carretera Izúcar, dentro del Ejido de la Garza. Aquí de nueva cuenta los asistentes reportaron lentitud en los servicios. Sí se dan abasto, hay personal trabajando, pero pueden llevarse todo el día desarrollando su caso.
Las personas que acuden pueden llegar sin problema al tomar el transporte público, el cual te deja a la orilla de la carretera y la sede está sobre asfalto. También es fácil de identificar debido a que tiene señaléticas.
En el caso de la Casa de Justicia de la región judicial Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, la situación de la impartición de justicia está cada vez peor, debido a las deficiencias en la infraestructura y mantenimiento, según comentaron abogados y ciudadanos.
Y es que denunciaron que no tiene mobiliario suficiente para quienes diariamente acuden al lugar a realizar sus trámites, por lo que tienen que permanecer varias horas de pie.
Además, señalaron que el mobiliario es viejo, el personal es insuficiente y operan con equipos casi obsoletos, por lo que los servicios se complican más. Por su parte, los ciudadanos manifestaron que, al estar ubicada en las inmediaciones de la cabecera municipal, a un costado de la carretera federal a Tehuacán, el acceso a las instalaciones es complicado.
Los entrevistados coincidieron en que para que la impartición de justicia mejore en esta parte del territorio poblano, es obligación del Estado invertir en infraestructura, contratar personal suficiente y darle las herramientas que necesita para su trabajo.
Una de las Casas más nuevas es la de Tepeaca, y su novedad se puede traducir a un buen inmobiliario y servicio, pues a un año de su inauguración cuenta con instalaciones modernas y prácticas, así como suficiente personal en cada una de las áreas que la componen, señalaron entrevistados.
No obstante, a decir de abogados litigantes de la zona, carece de una oficina del Ministerio Público y eso se traduce en más tiempo porque para los trámites correspondientes deben moverse a otro punto de la ciudad. "En la mayoría de las Casas de Justicia del Estado en la planta alta se encuentra la oficina del Ministerio Público, aquí no, ignoramos la razón", expresaron.
Otra deficiencia que acusaron los usuarios es la falta de sanitarios públicos, ya que a pesar de que el inmueble cuenta con baños para quienes diariamente acuden a realizar sus trámites, estos casi siempre están cerrados.
Sobre la ubicación de la casa de justicia de Tepeaca puntualizaron que al estar dentro de la cabecera municipal su acceso es fácil, ya sea en automóvil o en transporte público.
Activistas acusan que los jueces siguen corrompiendo la justicia
Desde que el ex gobernador Rafael Moreno Valle comenzó a inaugurar estas casas dijo que una de sus metas era que ganaran los juicios las personas que tuvieran la razón y no quienes tuvieran dinero o poder. Empero, integrantes de la Colectiva Mujeres Exigiendo Justicia contra la Violencia Vicaria y el Frente de Deudores Alimentarios en Puebla aseguraron que siguen casos en donde los jueces y abogados del sistema son “comprados” para que no se haga justicia.
En ambos grupos sus integrantes son mujeres y denunciaron a hombres que tienen mejor posición económica que ellas, por lo que estos sujetos, sin pena y con descaro les dicen que su denuncia no procederá, ya que en las Casas de Justicia sólo les hacen caso a los que tienen dinero.
En el caso de las mujeres víctimas de violencia vicaria, las revictimizan constantemente, personas que no son jueces, sino personal de guardia o secretarios les cuestionan que cómo van a denunciar al padre de sus hijos, que no pudieron robarse a sus hijos porque son sus padres, que les están haciendo un favor para tener un peso menos encima y hasta llegan a criticar su forma de vestir.
Algo similar ocurre con las mujeres que piden pensión alimenticia, pues les dicen que ellas son las culpables por no fijarse con quién se metían, que si no les da pena pedir dinero o que si no les alcanza, y estos comentarios, de acuerdo con las activistas, no deberían hacerlos trabajadores de la justicia, sino que se tendrían que limitar a sólo hacer su trabajo.
Para ellas, las Casas de Justicia han sido los lugares en donde más las han revictimizado y en donde más han alentado su proceso para poder cerrar su caso.