La abogada Helena Monzón, hermana de Cecilia Monzón Pérez, confirmó que el caso de feminicidio de su hermana sigue detenido debido al paro laboral del Poder Judicial de la Federación (PJF). Inicialmente, se había anunciado que el caso se retomaría el 23 de septiembre, pero ahora se informó que la fecha se pospuso hasta el 2 de octubre.
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A través de su cuenta en Twitter, Helena expresó su frustración ante la situación, comentando: “Que México era un cachondeo padre en temas de Justicia ya lo sabía. Pero que además la Justicia Federal participe de forma burda en el cachondeo no lo vi venir”. Su mensaje refleja la indignación de muchas personas que siguen de cerca el caso, que ha sido emblemático en la lucha contra la violencia de género en Puebla.
Helena agregó la circular firmada por el magistrado Juan Carlos Guzmán Rosas, en la cual, se puede leer lo siguiente: “No existen las condiciones para levantar la suspensión de plazos y términos en los juicios tramitados en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas”, por este este hecho decidieron continuar con la suspensión.
Hay que recordar que el feminicidio de Cecilia Monzón, ocurrido en mayo de 2022, ha sido objeto de atención mediática y protestas, resaltando la necesidad de una respuesta más efectiva por parte del sistema de justicia. La detención del caso debido a motivos administrativos ha generado críticas y preocupación entre organizaciones feministas y defensores de derechos humanos, quienes exigen que se priorice la investigación y se garantice justicia para las víctimas de feminicidio.
La familia Monzón continúa exigiendo claridad y avances en el proceso, mientras la sociedad civil permanece atenta a la situación y al impacto que estos retrasos pueden tener en la búsqueda de justicia.
¿Qué fue lo que ocurrió con Cecilia Monzón?
Cecilia Monzón Pérez, una abogada y activista en Puebla, era conocida por su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres y su activismo en temas de violencia de género. Fue asesinada el 15 de mayo de 2022, y su muerte generó protestas y demandas de justicia por parte de organizaciones feministas y la sociedad en general.
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El caso ha puesto de relieve la problemática del feminicidio en México y la necesidad de implementar medidas más efectivas para proteger a las mujeres y garantizar justicia en estos casos. Las autoridades han enfrentado críticas por la falta de avances en la investigación y la necesidad de abordar la violencia de género de manera más contundente.
