Por presuntamente emitir recomendaciones injustificadas, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) presentará una controversia constitucional en contra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el caso de las manifestantes de la Escuela Normal Rural de Teleles de Ávila.
Así lo declaró el presidente del organismo estatal, Félix Cerezo Vélez, que puntualizó integrantes de la CDH Puebla estuvieron presentes desde la detención de las estudiantes tras manifestarse pacíficamente afuera de Casa Aguayo en junio del 2021 hasta su liberación.
A decir de Cerezo Vélez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos invadió en el desempeño de su trabajo a la CDH porque carecían de injerencia en el tema de las normal debido a que no participó ninguna autoridad administrativa de carácter federal.
“Yo les quiero decir que es una falsedad esa información. Nosotros intervenimos en la detención de estas 43 personas que estuvieron en el C5 y que nosotros estuvimos desde su detención hasta su liberación a las cinco de la mañana (…) el día de hoy voy a promover una controversia constitucional por la invasión de esfera de la CNDH por haber emitido una recomendación sin tener las pruebas contundentes”, expresó.
Inclusive, mencionó que ninguna de las estudiantes acudió a la CDH para presentar alguna queja por la vulneración a sus derechos humanos.
El 5 de septiembre, la CNDH emitió múltiples recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública por la reparación de los daños a las manifestantes de la escuela debido a que presuntamente se violaron sus derechos a la libertad de expresión.
Días después, el titular de la dependencia estatal, Daniel Iván Cruz Luna, rechazó la recomendación con la declaración de que era un tema en el que la CNDH no tenía que involucrarse.
El Sol de Puebla documentó que la protesta de las normalistas se realizó el año pasado para exigir justicia por la muerte de dos de sus compañeras.
Congreso de Puebla debe analizar el aborto
En otro orden de ideas, Cerezo Vélez expresó que el Congreso de Puebla ya no puede posponer la discusión por la despenalización del aborto en la entidad.
Opinó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya decidió que es inconstitucional criminalizar el aborto, los legisladores locales deben analizar el tema.
No obstante, puntualizó que eso no significa que se legalizará la interrupción del embarazo, porque eso dependerá del debate al interior del Legislativo.
“Si ya la corte decidió en una acción de inconstitucionalidad que la penalización del aborto es una violación de los derechos humanos pues ahí ya tienen la salida”, afirmó.
Ayer, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, justificó que el aborto no ha sido analizado porque no existen los consensos necesarios entre las bancadas del Congreso del Estado.
