La Comisión de Derechos Humanos del Estado en Puebla (CDH) emitió una recomendación a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Ayuntamiento de Puebla, tras confirmar que hubo violaciones a los derechos humanos en el asesinato de Esmeralda Gallardo, una madre buscadora que perdió la vida el 4 de octubre de 2022.
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Gallardo, quien llevaba más de un año buscando a su hija desaparecida, fue asesinada a balazos en la colonia Villa Frontera, ubicada en la capital poblana.
Ese día, vecinos de la unidad habitacional escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Rápidamente, llamaron al número de emergencia 911, alertando a las autoridades sobre el incidente.
Al llegar al lugar, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, policías estatales, agentes ministeriales y paramédicos de Protección Civil Municipal encontraron a una mujer tirada en el suelo, quien presentaba varios disparos.
Los socorristas intentaron brindarle atención médica, pero la víctima ya no contaba con signos vitales debido a siete impactos de bala. En el lugar quedaron regados diez casquillos percutidos.
El suceso ocurrió en el contexto de la solicitud de medidas de protección que Esmeralda Gallardo había hecho ante la Fiscalía tras la desaparición de su hija en 2021.
Aunque se le habían dictado medidas de protección el 15 de marzo de 2022, estas fueron implementadas sin un análisis de riesgo adecuado y fueron suspendidas de manera unilateral en abril, dejando a la víctima sin ninguna protección vigente al momento de su muerte.
Ante “las graves omisiones” por parte de las autoridades en la aplicación de las medidas de protección y la consecuente pérdida de vida de la madre buscadora, la CDH emitió una serie de recomendaciones.
Esta recomendación incluyó la reparación integral de los daños a las víctimas indirectas, la actualización de los protocolos de protección y la capacitación de los funcionarios encargados de su implementación. Además de continuar con las investigaciones bajo un enfoque de género.
En el documento, se pidió a la Fiscalía seguir investigando la desaparición de su hija. Dichas indagatorias deben tomarse en cuenta con los protocolos ya existentes, ser tratado con seriedad, así como eficiencia.
Por su parte, el Ayuntamiento de Puebla fue llamado a garantizar que los procedimientos para la emisión de órdenes de protección se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos.
