Las clases presenciales en el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) no serán posibles hasta que la posesión legal sea entregada al patronato que preside Margarita Jenkins de Landa y a la rectora interina, Cecilia Anaya Berríos, dijo el representante legal de la Fundación UDLAP, Carlos Robledo, al tiempo de pedir a los alumnos, docentes y trabajadores que eviten ingresar a las instalaciones.
En conferencia de prensa, sostuvo que sus representados han agotado los términos legales para recuperar la universidad, de tal manera que sólo queda esperar a que los jueces involucrados en el caso restituyan el pleno control de la institución.
“Yo haría un llamado a los alumnos y profesores para no violentar algo que no es necesario violentar”, dijo luego de que ayer las puertas de la universidad fueron abiertas y la otra parte involucrada en la disputa, es decir el patronato que preside Horacio Magaña, informó que personal académico y administrativo, así como los alumnos ya podían ingresar.
El representante legal de la FUDLAP señaló que el 4 de noviembre pasado un juez federal dictó una orden de suspensión definitiva, que obliga a quienes tomaron el control de la institución a devolverla, sin embargo el juez responsable de cumplir tal sentencia, el 24 de la Ciudad de México, incurrió en desacato.
Robledo señaló que el juez tendrá que enfrentar las sanciones que determine la autoridad judicial federal y mientras tanto el caso ha sido turnado al juez 60 de la Ciudad de México, José Manuel Salazar Uribe, quien ahora tiene la responsabilidad de acatar la orden con apoyo de un juez local de Cholula.
El litigante dijo que la otra parte involucrada en este conflicto ha simulado la entrega de las instalaciones, ya que en los últimos meses fingieron que la Fundación Mary Street Jenkins ya había recibido la posesión, entregándola a una persona que es de su mismo grupo.
Explicó que con esa simulación es que acudieron ante la autoridad judicial local a pedir la reapertura del campus; sin embargo, enfatizó que la única resolución que debe cumplirse es la federal.
“No puede haber dos resoluciones distintas, que esta desde julio pasado sin cumplir (la primera orden de suspensión de carácter provisional a favor de la Fundación Mary Street Jenkins) y una supuesta resolución de un juez local que no tiene competencia para decidir. Solamente puede ser restituida la universidad a quien el juez ordenó que se le restituyera, no hay más”, concluyó.
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