El Poder Judicial de la Federación ordenó dar vista al Ministerio Público Federal para que indague la posible comisión del delito de falsedad en informes previos, cometido para conseguir que un juez de la Ciudad de México permitiera a un nuevo patronato tomar el control de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), el pasado 29 de junio.
Dicho proceso se desprende de una denuncia que presentó la Fundación Mary Street Jenkins contra quienes resulten responsables de omitir informar al juez que existía una resolución del 2018, de la Procuraduría General de la República, en la que se exentaba de diversos cargos a integrantes de la familia Jenkins.
Con dicha resolución, se invalidan procesos posteriores en los que se dictaron órdenes de aprehensión para los integrantes de la familia Jenkins, que fueron el argumento de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado para remover al patronato de la universidad y nombrar a uno nuevo.
De acuerdo con la Fundación UDLAP, el haber omitido informar de dicha resolución al juez, motivó que éste concediera su aval para que el patronato designado por la Junta tomara el control de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) el pasado 29 de junio.
En el documento, presentado por la Fundación Jenkins a esta casa editorial, el Poder Judicial instruye que el ministerio público tenga vista e intervenga para determinar responsabilidades.
"En virtud de que la parte quejosa solicita que se denuncien los hechos a fin de que se puedan deslindar responsabilidades que atribuye a funcionarios de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, en términos de lo dispuesto por el artículo 262, fracción I,III y IV de la ley de amparo, con copia certificada integra del presente expediente, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, a fin de que esté en oportunidad de determinar si existe alguna actuación antijuridica que deba perseguirse".
Recientemente la fundación Mary Street Jenkins dio a conocer que presentaría denuncias por falsedad en informes previamente rendidos, allanamiento y usurpación de funciones, contra quienes resulten responsables de haber tomado el campus de la UDLAP, ya que se han negado a devolverlo a pesar de que lo ordenó el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo.