Fue el pasado mes de marzo del 2021 cuando un Juez de Control Federal de Almoloya de Juárez en el Estado de México, giró órdenes de aprehensión en contra de Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins por su supuesta participación en el lavado de 14 mil millones de pesos de la Fundación Mary Street Jenkins, misma a la que pertenece la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
En aquel entonces el propio gobernador de Puebla indicó que los recursos de la Fundación Mary Street Jenkins se fueron de Puebla con la colusión de varios “hombres del poder” e incluso Carlos Serna, abogado de Guillermo Jenkins de Landa, indicó que los terrenos donde se encuentran edificados el Colegio Americano, la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) y los Clubes Alpha, podrían ser retirados en cualquier momento.
IMPLEMENTAN OPERATIVO PARA TOMAR CAMPUS DE LA UDLAP
Transcurrieron los meses y fue la mañana del 29 de junio del 2021 que en medio de un fuerte dispositivo policiaco que llamó la atención de propios y extraños, las instalaciones fueron tomadas en lo que en un principio se interpretó como un desalojo, pues incluso fueron retirados algunos vehículos, pero tiempo después se supo era una orden judicial para retirarle el control del campus a la Fundación Mary Street Jenkins.
En aquel momento el entonces rector de la UDALP, Luis Ernesto Derbez Bautista, calificó el acto de ilegal y como mensaje peligroso para México este acto de autoridad e incluso equiparó el actuar de las autoridades como la respuesta del gobierno al movimiento estudiantil de 1968.
Al llamado de la liberación del campus se sumaron los rectores de universidades particulares en Puebla, quienes se solidarizaron con la comunidad de la Universidad de las Américas Puebla, pues a la par del movimiento en las instalaciones, fue designado un nuevo patronato por parte de la Junta para el Cuidado de Instituciones de Asistencia Privadas.
Justo en esas fechas, se tenía previsto el regreso a clases presenciales, lo que causó molestia entre la comunidad educativa, pues existía incertidumbre acerca de lo que pasaría con su educación, misma que desde entonces tuvo que ser retomada a distancia.
Posteriormente ante el revuelo que el tema causó, el 5 de julio del 2021 el Secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez, se reunió con el nuevo patronato de la Fundación Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) para manifestar su disposición para que las funciones, en materia de educación continuaran.
Tras el revuelo, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, aseguró que no habría negociación con el anterior patronato de la UDLAP e incluso dijo que él no hace ni desmadres ni chingaderas y que su administración no se prestará para ninguna componenda, además de que informó que la Policía Estatal acudió a la toma de la UDLAP porque había una orden de un juez federal, además de que el TSJ requirió apoyo.
Posteriormente el 25 de julio, tras una denuncia que presentó la Fundación Mary Street Jenkins, el Poder Judicial de la Federación ordenó dar vista al Ministerio Público Federal para que indagara la posible comisión del delito de falsedad en informes previos para conseguir que un juez de la Ciudad de México permitiera a un nuevo patronato tomar el control de la universidad.
Para el 29 de julio parecía avistarse una solución al conflicto, luego de que el vocero de la fundación Mary Street Jenkins, Enrique Rodríguez Martínez, informara que se encontraban por obtener una suspensión definitiva por parte del Poder Judicial, mediante la que les devolverían las instalaciones, pero días después, el juez responsable de hacer cumplir la devolución de la UDLAP se declaró incompetente para seguir llevando el caso.
De nueva cuenta el 9 de agosto la Fundación Mary Street Jenkins afirmó que un juez federal dio un ultimátum al nuevo patronato para que les fuera devuelvo el campus, mientras los señalado se negaban debido a que señalaron que continúa el litigio.
Incluso tal era ya la magnitud del conflicto que, durante su conferencia mañanera del 11 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la posibilidad de intervenir en el caso a través de Santiago Nieto Castillo, entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, decisión que aplaudió Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla, pues consideró que esta mediación haría que el pleito cesara.
A su vez, la Fundación Mary Street Jenkins agradeció que el presidente de México mostrara interés para intervenir en el conflicto.
Posteriormente el 14 de agosto se informó que el juez 24 civil de la Ciudad de México debía acatar una orden de suspensión provisional en beneficio de la Fundación Mary Street Jenkins y devolverle el control físico de la UDLAP, luego de que fuera ordenado por el Poder Judicial de la Federación.
Continuado el proceso, el 19 de agosto la Fundación Mary Street Jenkins responsabilizó al Gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta por la liberación de órdenes de aprehensión en contra del entonces rector de la UDLAP, sus colaboradores más cercanos y representantes legales.
Mientras que el gobernador evitó opinar sobre la instrucción de captura y se limitó a decir que tenía conocimiento del tema, pues se trataba de asunto de Fiscalía y del Poder Judicial.
Durante el mes de septiembre el proceso legal de nueva cuenta causó desaliento entre la comunidad, luego de que un juez le negó a la Fundación Mary Street Jenkins una suspensión definitiva para recuperar las instalaciones.
El conflicto llegó al grado que en el mes de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó la solicitud de ejercer la facultad de atracción del conflicto en el que integrantes de la familia Jenkins están acusados de desviar 14 mil millones de pesos.
De nueva cuenta a finales del mes de octubre, la Fundación Mary Street Jenkins aseveró que el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) volvería a sus manos luego de que el juez 24 Civil de la Ciudad de México, Roberto Yáñez Quiroz, aceptara ejecutar una orden de suspensión provisional, incluso el propio vocero del grupo indicó que ya no existía ningún recurso legal con el que se pudiera frenar la devolución de la universidad.
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Por su parte el patronato precedido por Horacio Magaña indicó que no devolvería el campus pese a la determinación del juez 24 civil de la Ciudad de México.
Apenas el pasado 1 de febrero, el Poder Judicial del Estado de Puebla resolvió que se reanuden las actividades académicas de manera presencial en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) tras determinar que hay condiciones de seguridad y acceso en el campus.
Además de que en medio de protestas de los alumnos, el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEP) instruyó que se reanuden actividades académicas de forma presencial, pero la Fundación Mary Street Jenkins aclaró que esto no es posible pues no han retomado la posesión legal de las instalaciones.
DESIGNAN A ARMANDO RÍOS PITER COMO NUEVO RECTOR
El 12 de julio fue presentado como rector interino de la UDLAP al político mexicano Armando Ríos Piter, nombramiento que no fue bien tomado por la comunidad universitaria pues incluso indicaron que su designación fue en contra de los estatutos de la casa de estudios, nombramiento que el ex senador defendió e incluso indicó que se había dado desde el 9 de julio.
Por su parte, al ser consultado Miguel Barbosa sobre su opinión al respecto, por los lasos de amistad que sostiene con el recién nombrado rector indicó que no tenía una opinión sobre la designación, pues dijo que fue una decisión del nuevo patronato.
A su vez, el representante legal de Guillermo Jenkins de Landa, Carlos Serna, aclaró que todos estos cambios serán provisionales hasta que se resuelva el juicio presentado por su representado para restituirlo como integrante del patronato de la Fundación Jenkins.
Incluso pareciera avistarse una solución al conflicto, pues la conformación de otro patronato y la designación de directivos permitiría que las cuentas bancarias fueran cedidas a la nueva administración e incluso se logró el pago de la primera quincena de julio a los trabajadores sindicalizados de la universidad.
Posteriormente el 16 de julio el vocero de la fundación Mary Street Jenkins, Enrique Rodríguez Martínez informó que un juez federal había otorgado una suspensión provisional y restituirá al patronato original de la UDLAP.
Incluso el propio Luis Ernesto Derbez Bautista aseguró, “Fui ratificado por el patronato como rector de la institución por lo tanto soy el rector de la institución”.
Acto seguido, el 19 de julio la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla recibió la resolución de un magistrado para mantener las cosas como estaban en la Universidad de las Américas Puebla y pero no había devuelto el control del campus a la Fundación Mary Street Jenkins, pues tenía que ser el Poder Judicial quien cumplimentara su resolución.
Fue un día después que esta misma estancia argumentó que no devolvería el control de la UDLAP a la fundación Mary Street Jenkins, pese a que el Poder Judicial de la Federación así lo había ordenado.
De nueva cuenta el 21 de julio Armando Ríos Piter confirmó que no sería posible pagar los salarios del personal, pues las cuentas bancarias habían sido congeladas, luego de los recursos legales promovidos por las partes involucradas.
En respuesta, el 22 de julio se logró el pago de nómina para los trabajadores de la Universidad de las Américas Puebla, esto luego de que las cuentas bancarias de la institución fueran devueltas a Luis Ernesto Derbez Bautista.
GIRAN ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA LUIS ERNESTO DERBEZ
Posteriormente el 18 de agosto un juez de control del Estado de Puebla libró orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez Bautista, quien hasta entonces ostentaba el manejo administrativo de la universidad, además de contra varios de sus colaboradores y representantes legales.
Tras esto Derbez Bautista solicitó licencia, por lo que el Patronato de la FUDLAP informó que Cecilia Anaya Berríos sería designada como rectora interina de la Universidad de las Américas Puebla, además de que reiteró su respaldo al ex rector.
Posteriormente en los últimos días de agosto convocó a la creación de un grupo para coordinar el regreso a clases presenciales de forma segura, pero esta convocatoria no prosperó, por lo que en el mes de septiembre se anunció que se mantendrían las clases en línea para los periodos Otoño 2021 semestral y Otoño II trimestral.
Apenas el pasado 1 de febrero la rectoría de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) condenó que el conflicto legal por la posesión del campus sea llevado a la esfera política, luego de que diputados del PAN y de Morena acudieron a verificar si la institución estaba abierta.
ESTUDIANTES SALEN A LAS CALLES PARA EXIGIR LA LIBERACIÓN DEL CAMPUS DE LA UDLAP
Fue el 10 de julio del 2021 cuando por primera vez salieron a las calles para estudiantes, profesores y padres de familia de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) se manifestaron para exigir la liberación inmediata de las instalaciones que se mantenían resguardadas por la Policía Estatal.
Tiempo después se indicó que debido a los conflictos legales que atravesaba la universidad, estaba a punto de perder la acreditación ante la Sourthern Association of Colleges and Schools (SACSCOC), la cual es la más importante que tiene, pues dicha distinción ofrece a sus egresados "calidad de exportación".
Posteriormente el 17 de julio el Consejo Estudiantil y el Comité #YoSoyUDLAP de la Universidad de las Américas Puebla a través de un comunicado dijo reconocer a Luis Ernesto Derbez como rector de la institución y urgieron a que el patronato presidido por Horacio Magaña devolviera las instalaciones al encabezado por Margarita Jenkins de Landa.
Tas el conocimiento de una orden judicial sobre el retorno del campus a manos de la Fundación Mary Street Jenkins mediante un manifiesto, académicos, integrantes del consejo estudiantil y ex alumnos exigieron el 21 de julio que el patronato que designó la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada en el Estado de Puebla devolviera el campus.
El 26 de julio personal docente se sumó a las voces de liberación del plantel mediante la emisión de un manifiesto para exigir la liberación de las instalaciones, además de demandar legalidad en la atención al caso y refrendar su compromiso con la institución.
Comenzado el mes de agosto, en día dos trabajadores administrativos de la universidad se sumaron a las voces para pedir que se respetara la legalidad en el litigio que enfrenta la institución tras ser tomada por el patronato presidido por Horacio Magaña.
Ante esta ola de comentarios por parte de estudiantes y personal de la institución, el nuevo patronato indicó que la Universidad de las Américas Puebla no se encontraba tomada, sino sólo estaba cerrada por las condiciones de salud pública provocadas por la pandemia de Covid - 19.
La emisión de la orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez generó una nueva movilización por calles de Puebla, en la que más de 400 alumnos, docentes y padres de familia se manifestaron a un costado de la institución, para exigir que el conflicto legal no siguiera afectando a la comunidad académica.
En el marco del Día de la Independencia y mediante una manifestación enmarcada con banderas de México, estudiantes, docentes y egresados de la Universidad de las Américas de Puebla protestaron al exterior de la institución para exigir que fueran liberadas sus instalaciones, además de que el gobernador Miguel Barbosa, priorizara el tema educativo y no político.
Este mismo mes, los colectivos #YoSoyUDLAP y #AcademiaUDLAP convocaron a la comunidad universitaria a una manifestación pacífica para exigir que el campus fuera devuelto al patronato que preside Margarita Jenkins de Landa, pues esto les impedía retomar las clases presenciales.
Incluso el conflicto llegó hasta las figuras deportivas de la universidad, pues los Aztecas de la UDLAP declinaron su participación en la campaña 2021 de la nueva Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), por el problema legal de la institución.
En el mes de octubre de nueva cuenta la comunidad universitaria salió a las calles y al grito de ¡Armando, entiende, la UDLAP no te quiere!, alumnos, padres de familia, docentes y trabajadores se manifestaron para exigir el retiro de policía del campus y la entrega del mismo.
De nueva cuenta en noviembre del 2021 vestidos con batas blancas, más de 30 alumnos de las carreras de la Escuela de Ciencias de la institución protestaron frente al Colegio Gaos para exigir que les fuera permitido retomar clases presenciales y hacer uso de los laboratorios.
En el mes de diciembre se pasó de las manifestaciones a los litigios, pues padres de estudiantes presentaron una demanda colectiva ante un juzgado federal en la búsqueda por lograr que el campus fuera liberado en febrero del 2022, posterior a este anuncio realizaron una nueva movilización tras la que Miguel Barbosa aseveró que el control de la universidad estaba en manos de la familia Jenkins a través de la rectora Cecilia Anaya, además de que acusó que si no hay clases presenciales era decisión de ellos.
Incluso tras esta movilización, se informó que colectivos de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) y el Gobierno de Puebla habían acordado que el viernes 10 de diciembre se reabriría el campus bajo la administración de la rectora Cecilia Anaya Berrios, pero llegado el día este permaneció cerrado y personal de seguridad informó que se mantenía la instrucción de no dar acceso a las instalaciones.
Una vez más colectivos de la institución marcharon, ahora en los alrededores del Congreso del Estado, en el marco del tercer informe de labores del gobernador Miguel Barbosa Huerta, así como en otros puntos de la ciudad para exigir el cumplimiento de los acuerdos y la apertura del campus de la universidad.
%20protestaron%20frente%20al%20Colegio%20Gaos.jpeg "Vestidos con batas blancas, más de 30 alumnos de las carreras que oferta la Escuela de Ciencias de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) protestaron frente al Colegio Gaos.jpeg")
La protesta llegó al Juzgado Segundo de Distrito de Cholula para exigir al Juez Cuauhtémoc Blázquez, el cumplimiento de un exhorto mediante el cual se debía dar posesión física del campus a la rectoría de Cecilia Anaya Berrios.
Días después, mediante un plantón en la presidencia municipal de San Andrés Cholula exigieron al presidente municipal, Edmundo Tlatehui, que se pronunciara sobre el conflicto que mantiene cerrado el campus de la universidad, luego de lo que anunciaron el “Manual de Acción Mundial por una UDLAP libre” que define como y cuando hacer protestas del 20 de diciembre al 6 de enero del 2022 de manera ininterrumpida.
Así la serie de manifestaciones se trasladó a La Estrella de Puebla y el Senado de la República, donde la senadora Nancy de la Sierra Arámburo presentó un punto de acuerdo para solicitar al Poder Judicial del Estado de Puebla que se tomaran medidas legales necesarias para liberar las instalaciones.
Posteriormente el pasado 10 de enero estudiantes evidenciaron que no existía disposición de quienes tienen el control del campus, pues les fue negado el acceso a la comunidad académica, por lo que alumnos se manifestaron por calles del centro de la ciudad con la intención de llegar a Casa Aguayo para exigir la apertura de su campus.
Recientemente la UDLAP anunció que, debido al aumento en los casos positivos de Covid-19, las actividades presenciales y talleres remediales para algunas licenciaturas comenzarían el lunes 14 de febrero, aunque para esto el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) informaron prestarán sus instalaciones.
Pero al llamado de la liberación del campus se sumaron periodistas, artistas, actores, críticos de cine y hasta intelectuales de talla nacional, mediante la campaña #UdlapLibre.
Finalmente fue a inicios de febrero que se retomaron las manifestaciones por parte de estudiantes, maestros, padres de familia y demás integrantes de le Universidad de las Américas Puebla, quienes se mantienen al exterior del campus, además de que han bloqueado la Recta a Cholula y el Periférico Ecológico en busca de una solución.
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