Para evitar afectar al medio ambiente en la entidad, el diputado local por Morena, Roberto Solís Valles, presentó una iniciativa al Congreso del Estado para castigar hasta con 10 años de cárcel a las personas que quemen basura.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Legislativo, argumentó en su propuesta que la quema de los residuos sólidos urbanos ocasiona grandes problemas al medio ambiente y que repercuten de forma negativa en la salud humana.
Consideró urgente que los legisladores atiendan los vacíos que existen en las leyes para evitar que la práctica de quemar basura siga reproduciéndose en la entidad, hecho que también atenta contra la Constitución Política del Estado que señala toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.
Las penas irían de los dos a los 10 años de cárcel y las multas de los 2 mil 886 pesos hasta los 192 mil 440 pesos.
El documento especifica que dichas sanciones aplicarán cuando se queme la basura en volúmenes que causen o puedan causar daños graves a la salud pública, al medio ambiente o los recursos naturales.
“Es necesario implementar en ley que, a las personas que transporten, comercialicen, almacenen, desechen, depositen, traten, quemen, descarguen o realicen cualquier actividad empleando residuos sólidos urbanos o de manejo especial, sin la autorización correspondiente y en volúmenes que causen o puedan causar daños graves a la salud pública, al medio ambiente o a los recursos naturales serán sancionados con prisión de dos a diez años”.
Precisó que Puebla, San Andrés Cholula y Tehuacán son los municipios del estado que registran mayor contaminación, mientras que los residuos más desechados son alimenticios, del servicio salud y de las industrias.
En la propuesta se detalló que la contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales provoca 4.2 millones de muertes prematuras cada año en todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las reformas al artículo 198 del Código Penal del Estado fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y posible aprobación.