De los 217 municipios de Puebla, 69 están considerados de “muy alto riesgo”, según el Índice Global de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cifra que representa el 31.7 por ciento del total del territorio.
Las concentraciones poblacionales carentes de planeación generan mayor demanda de servicios e infraestructura, descomposición social y asentamientos en lugares de riesgo, con problemas de hundimientos, derrumbes o inundaciones, destaca el organismo.
De acuerdo con los anexos de las Reglas de Operación del Programa de Prevención de Riesgos para el ejercicio fiscal 2018, las personas de bajos recursos económicos son particularmente vulnerables a los desastres naturales, ya que en el país el 68 por ciento de los afectados por este tipo de fenómenos corresponden a pobres o pobres extremos.
El documento señala que Acajete, Acatzingo, Acteopan, Ajalpan, Aljojuca, Altepexi, Amozoc, Atlixco, Atzitzihuacán, Atzitzintla, Calpan, Cohuecan, Coronango, Cuapiaxtla de Madero, Cuautinchán, Cuautlancingo, Chalchicomula de Sesma, Esperanza, General Felipe Ángeles, Guadalupe Victoria, Huaquechula, Ocoyucan, Palmar de Bravo, Puebla, Quecholac, Quimixtlán, Rafael Lara Grajales, Los Reyes de Juárez, San Andrés Cholula, San Antonio Cañada, por mencionar algunos, son municipios considerados como de muy alto riesgo de sufrir por desastres naturales.
La Sedatu resalta que, el Programa de Prevención de Riesgos (PPR) busca empatar el desarrollo sustentable con la distribución y ordenación equilibrada de la población y sus actividades económicas, y está dirigido a mitigar los efectos de los fenómenos perturbadores, para aumentar la fortaleza de los gobiernos locales y la sociedad.
“Durante décadas, la limitada aplicación del ordenamiento territorial, producto de la carencia de un marco jurídico en la materia, así como la migración de la población rural hacia las zonas urbanas con mayor actividad económica, como principales factores, ha dado como resultado un crecimiento desequilibrado de los asentamientos humanos y una ocupación desordenada del territorio”, dice el documento.
Los beneficiarios del Programa, publicado a finales del mes pasado, son las entidades federativas y Gobiernos locales cuyos proyectos serán apoyados con recursos financieros de dicho componente.
