Cinco meses después del asesinato, la Comisión de Derechos Humanos en Puebla emitió una recomendación por el linchamiento de Daniel Picazo en Huauchinango. El organismo determinó que los policías violaron sus derechos, que no aplicaron el protocolo adecuado para salvarlo y sugirieron al ayuntamiento iniciar procedimientos de investigación, así como denuncias para los servidores que estuvieron presente ese día. Incluso pidieron a la Fiscalía, apoyo para una nueva carpeta de investigación en contra de los elementos.
Para llegar a esta recomendación, la Comisión tuvo que entrevistar a un aspirante a policía municipal, al policía primer respondiente del hecho, al director de operaciones de Huauchinango, al director general de la Secretaría de Seguridad de Huauchinango, al presidente auxiliar de Papatlazolco y al edil de Huauchinango, Rogelio López Ángulo.
El titular de la Comisión, Félix Cerezo Vélez, dio a conocer la recomendación 18/2022 dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública y al Ayuntamiento de Huauchinango por la violación a los derechos humanos de Daniel, a la seguridad jurídica y a la vida.
Explicó que esta recomendación determinó que la policía tanto municipal como estatal, no brindaron seguridad pública oportuna, protección y auxilio. Inclusive que los elementos en ningún momento estuvieron en riesgo, no fueron amenazados y que pudieron haber evitado esta muerte de haber actuado con eficacia.
Cerezo Vélez explicó que las investigaciones arrojaron que hubo una falta de acción por parte de los servidores públicos, pues Daniel fue rociado en dos ocasiones de gasolina, en la primera, pudieron apagar el fuego los mismos pobladores involucrados, pero en la segunda lo prendieron en su totalidad y nadie hizo nada.
Aunque sí hubo comunicación entre todas las autoridades locales, existió negociación con los pobladores y los policías vieron que Daniel estaba en un “riesgo inminente”, no llevaron acciones para protegerlo ni ejecutaron alguna estrategia para el uso de la fuerza pública y con esto su extracción segura.
“Este aconteció en frente de personas públicas adscritas al ayuntamiento de Huauchinango, así como personal de seguridad pública municipal y estatal, quienes fueron omisos de cumplir con sus funciones (…) no evitaron que le rociaran gasolina, que lo quemaran, ni mucho menos intentaron apagarlo”, agregó.
Por todo lo anterior, la CDH determinó que el Ayuntamiento de Huauchinango y su policía violaron los derechos humanos de Daniel y que no fue rescatado a pesar de que cuando llegaron los elementos aún estaba con vida. También sugirió lo siguiente:
Al edil de Huauchinango en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal brindar a los familiares de Daniel reparación integral de los daños, lo que incluye salud mental y emocional También que en Sesión de Cabildo exhorten a los funcionarios a cumplir con sus deberes en materia de seguridad pública. Asimismo, iniciar los procedimientos de investigación correspondientes y en caso de que exista responsabilidad penal se presente la denuncia.
También que incrementen el número de elementos de seguridad pública y/o estado de fuerza capacitados y equipados en las juntas auxiliares para prevenir casos de este tipo. Para lograr esta recomendación, la CDH sugirió la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Puebla, puntualmente, que arranque una nueva investigación en contra de las personas servidoras públicas municipales y estatales que participaron en el caso.
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