De nueva cuenta, la abogada Cecilia Monzón Pérez y la periodista Lydia Cacho Ribeiro figuraron en el reporte “Country Reports on Human Rights Practices: México”, debido a que el organismo consideró que se les violaron sus derechos humanos en el estado de Puebla. Al reporte, se sumó el asesinato del periodista Marco Aurelio Ramírez en Tehuacán.
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En suma, el informe anual sobre derechos humanos en el mundo, celebró que en el territorio se hayan aprobado la Ley Monzón y la Ley Malena, como parte de la defensa de los derechos humanos de las mujeres poblanas.
Fue el pasado 22 de abril, cuando se publicó el "Country Reports on Human Rights Practices: México" correspondiente al 2023. Es un informe elaborado anualmente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y proporciona una evaluación detallada de la situación de los derechos humanos en el país.
El propósito principal de este informe es documentar y analizar la situación de los derechos humanos, incluyendo aspectos como la libertad de expresión, el acceso a la justicia, la libertad de prensa, el respeto a los derechos laborales, la situación de las minorías y grupos vulnerables, entre otros.
En la última publicación, el estado de Puebla se mencionó seis veces. La primera tuvo que ver con Lydia Cacho, ya que siguen considerando una violación grave lo que le ocurrió con el ex mandatario, Mario Marín Torres.
“El 13 de julio las autoridades detuvieron a Adolfo Karam, el ex policía judicial director de Puebla, acusado de torturar a Lydia Cacho, quien expuso la participación del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, y de varios empresarios en una red de tráfico sexual infantil en 2005. Marín permanecía detenido hasta octubre”, se pudo leer.
El informe indicó que este caso prevalece en la impunidad por la tortura entre las fuerzas de seguridad. Además, las organizaciones no gubernamentales (ONG) afirmaron que las autoridades no investigaron adecuadamente las denuncias de tortura. A partir del 14 de agosto, la Fiscalía General investiga más de 2 mil 600 consultas relacionadas con torturas y realiza 700 investigaciones.
El siguiente punto en el que se mencionó a Puebla tuvo que ver con los periodistas que fueron asesinados o sometidos a violencia física, ataques, ciberataques, acoso e intimidación (especialmente por parte del estado).
En el documento se señaló que en el país y en Puebla, hay altos niveles de impunidad. Según representantes de la sociedad civil, al 25 de septiembre, al menos cuatro periodistas fueron asesinados, entre ellos Marco Aurelio Ramírez de Puebla, Luis Martín Sánchez de Nayarit, Nelson Matus de Guerrero y Jesús Gutiérrez Vergara de Sonora.
Un caso más que se abordó fue el de Cecilia Monzón Pérez, ya que en el reporte se criticó que los asesinos de la feminista siguen sin condena. “En el caso de la muerte de Cecilia Monzón en Cholula, Puebla, en 2022, a partir del 8 de agosto, tres de los presuntos conspiradores estaban a la espera de juicio y uno puesto en libertad por falta de pruebas”, lamentaron.
No obstante, para esta edición, también celebró las iniciativas en favor de los derechos de las mujeres, como la aprobación de la Ley Malena y la Ley Monzón. La primera para castigar los ataques con ácido y catalogarlos de inmediato como tentativa de feminicidio y la segunda para no darle la custodia a padres feminicidas.
“Puebla se convirtió en el primer estado en aprobar la Ley Malena, que consideraba los ataques con ácido como intento de feminicidio y penado con hasta 40 años de prisión (…) El Congreso de Puebla aprobó la Ley Monzón, en honor a la víctima de feminicidio Cecilia Monzón. La ley suspendió la patria potestad de los hombres bajo investigación por feminicidio”, celebró.
Hay que recordar que, este informe suele ser utilizado por organizaciones internacionales, gobiernos, académicos y activistas como una fuente de información objetiva y verificada sobre la situación de los derechos humanos en México.
Además, puede servir como herramienta para monitorear el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos por parte del gobierno mexicano y para identificar áreas de preocupación o áreas en las que se necesitan mejoras.