El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, informó que el Cabildo de Cuautinchán ya ordenó quitar los sellos de clausura en la empresa Cementos de México (CEMEX), no sin antes acusar a la cementera de que no es una empresa responsable con los municipios donde está asentada, pues reveló que solo pagan 35 mil pesos anuales de predial y no hay intención de reparar los caminos dañados por el paso de sus vehículos pesados.
"Respecto a la situación que está suscitada allá en la planta CEMEX, la clausura que ejerció y determinó el ayuntamiento de Cuautinchan, la información que me dió el secretario de Gobernación es que en la noche de ayer el Cabildo había decidido levantar los sellos".
Barbosa Huerta crítico que la empresa cementera, solo paga al municipio de Cuautinchán 25 mil pesos anuales de predial por el uso de 900 hectáreas, mientras que en Tepeaca pagan 15 mil pesos por el uso de 500 hectáreas, además de que no pagan licencias de uso de suelo ni permisos de construcción.
Esto sin contar que no hay disposición de reparar los tramos carreteros que son dañados por el paso de vehículos pesados que entran y salen de la empresa.
"No pagan uso de suelo, no pagan licencia de construcción, no son una empresa que hayan establecido una corresponsabilidad frente a los municipios. Los requerimientos que han hecho los municipios a la empresa para asfaltar los tramos carreteros donde circulan los pesados camiones que entran y salen de ese lugar, no son reparados".
Además, señaló que la cementera no representa una fuente de trabajo para los pobladores de la región, pues no más del 30 por ciento de sus trabajadores son de la zona y el resto de otros estados del país.
"Es una empresa que tiene 200 trabajadores, de los cuales no más del 30 por ciento son de los lugares donde está establecida la planta y los demás son de fuera o fuera del estado".
Finalmente, aseguró que el gobierno estatal actuará como mediador en este conflicto, pero aclaró que en Puebla se aplicará la ley, independientemente de la empresa, sus dueños o que se sientan protegidos.
"Nosotros hemos tratado de llegar a una conciliación entre los intereses de la planta y los legítimos intereses de los municipios, vamos a jugar un papel de mediadores como siempre lo hemos hecho, pero no hemos encontrado disposición de CEMEX para resolver absolutamente nada, se sienten protegidos, no, aquí en Puebla aplicamos la ley, sea cuál sea la empresa que se instale o la persona que sea su propietario".