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Al menos nueve campesinos de la cuenca Libres-Oriental fueron citados por la Fiscalía General del Estado (FGE) a comparecer por una denuncia presentada por Granjas Caroll, donde presuntamente se les acusa de afectar la producción de su granja porcina tras las manifestaciones hechas en Perote en junio pasado, aseguró Renato Romero, representante de los comuneros, quien advirtió que la batalla jurídica dejará en desventaja a los pobladores.
Durante una rueda de prensa convocada este lunes por habitantes de los municipios que conforman dicha región hidrológica, que comparte localidades de Puebla y Veracruz, Romero informó que en días recientes fue notificado de al menos dos citatorios emitidos por el Ministerio Público, donde se le solicitó presentarse ante las autoridades para comparecer por una denuncia presentada en su contra.
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Aseguró que los campesinos no cuentan con los recursos económicos suficientes para enfrentar en tribunales a una empresa del tamaño de Granjas Carroll, por lo que consideró que una pelea legal entre ambas partes sólo vulneraría más las condiciones de los habitantes.
Según Romero, los primeros citatorios fueron entregados a él y otros ocho compañeros desde los primeros días del presente mes, siendo el pasado 7 de agosto la primera fecha solicitada por la FGE.
A esa primera sesión sólo asistieron dos compañeros, sin embargo, debido al desconocimiento de las diligencias ministeriales, acudieron sin preparación ni representación legal, acusó el campesino.
Luego el Ministerio Público convocó a un segundo citatorio para el 13 de agosto. Sobre ello, el representante de los comuneros de la cuenca Libres-Oriental expuso que no acudirá a la cita.
De acuerdo con Romero, las denuncias presentadas contra él y sus compañeros se fundamentaron en las pérdidas económicas supuestamente ocasionadas a Granjas Carroll, por la serie de manifestaciones que realizaron campesinos de Puebla y Veracruz en junio pasado, donde inclusive se bloqueó la autopista Perote-Xalapa.
Tras ser cuestionado al respecto, Romero señaló que él no acudió a los citatorios convocados por la FGE, toda vez que preparará una defensa legal con especialistas jurídicos. Reconoció que el no acudir a la fecha señalada por la autoridad ministerial puede ocasionarle problemas, pero destacó que para él es más importante tener la protección jurídica que demanda el caso.
Desde su perspectiva, la presentación de denuncias contra los campesinos constituye un intento de persecución en su contra, debido a que consideró que la fuerza institucional de la compañía no se compara con los comuneros, que padecen la falta de recursos debido a la escasa productividad de la zona, situación que relacionan ellos con la operación de Granjas Carroll.
Pese a ello, el representante de los trabajadores agropecuarios de la cuenca Libres-Oriental manifestó que buscará asesoramiento legal para dar batalla a los señalamientos de la compañía en su contra.
Aunado a lo anterior, Romero argumentó que la semana pasada fue junto a otros compañeros suyos a la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal para buscar la atención de su caso. Aseguró que el objetivo era resolver la disputa entre la empresa, autoridades y campesinos por la vía política, y no la judicial. Sin embargo, precisó que, pese a la reunión con funcionarios, recibió citatorios, por lo que consideró como infructuoso el intento por mediar la situación.
Cabe recordar que en junio pasado un grupo de manifestantes de Puebla y Veracruz se organizó para bloquear la carretera Perote-Xalapa, afectando el tránsito vehicular pero también la salida e ingreso de unidades a las plantas de Granjas Carroll en ambos estados.
Fue el pasado 20 de junio cuando elementos de la Fuerza Civil de Veracruz, que es el brazo armado de aquel gobierno estatal, disiparon la protesta. Estos trabajos dejaron como resultado el fallecimiento de dos jóvenes, que integraban la comitiva de personas inconformes por la operación de Granjas Carroll en la región.
Pobladores de la zona se oponen a los trabajos ganaderos de dicha empresa, pues acusan que la misma genera desechos tóxicos para el ambiente. Acusaron que la situación agrava la salud de la población y afecta la producción de la industria agrícola e incluso apícola.
Desde hace una semana, El Sol de Puebla buscó el posicionamiento de la compañía a través de sus canales digitales disponibles en su portal de internet, así como en los números telefónicos que compartió la empresa en su sitio web, sin embargo, no se obtuvo respuesta hasta el momento.
Finalmente, el representante de los campesinos de la cuenca Libres-Oriental dio a conocer que buscará asesoramiento de los abogados Patricia Rodríguez y Jorge Portilla, representantes legales de los ejidatarios de Tlahuapan que exigen a la Federación la indemnización de sus tierras por la construcción de la autopista México-Puebla, y quienes fueron responsables de bloquear por 48 horas continuas dicha vialidad la semana pasada.
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A decir de Romero, durante la construcción de la autopista Puebla-Teziutlán hace poco más de dos décadas, el Estado mexicano pagó apenas 7 mil pesos a su padre por un terreno de 250 metros cuadrados, es decir, a 28 pesos el metro cuadrado. El activista consideró que el avalúo fue injusto, y sostuvo que hay otras familias que recibieron poco dinero por sus tierras el siglo pasado en la región.
