La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó que la exalcaldesa de la ciudad de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, incurrió en un presunto daño patrimonial por alrededor de 822 millones de pesos, durante su segundo año de gobierno.
La alcaldesa emanada de Morena fue señalada por el órgano fiscalizador debido a que le hizo 217 observaciones, de las cuales únicamente solventó 19, lo que representa el 8.75 por ciento del total.
De las 198 observaciones restantes se generaron 56 solicitudes de aclaración y 142 pliegos de observaciones.
Como resultado de la fiscalización superior realizada a la entidad fiscalizada del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, se determinaron 217 observaciones, de las cuales 19 fueron solventadas por presentar documentación comprobatoria y justificativa antes de la integración de este informe. Por lo anterior, se consideran atendidas y eliminadas. De las 198 observaciones restantes se generaron 56 solicitudes de aclaración y 142 pliegos de observaciones”, dice el informe.
Sobre las posibles irregularidades destacan pagos ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el sobrecosto en las obras realizadas en el boulevard Xonaca, apoyos a las 17 juntas auxiliares y otros beneficios entregados durante la pandemia por coronavirus.
Pagos para CFE
De las 198 observaciones, los pagos realizados a la CFE son uno de los conceptos donde se observó un posible mayor daño a la hacienda pública porque la cifra es de 64 millones 635 mil pesos.
En el desglose explicó que en el año 2020 se realizaron ocho transferencias a favor de la empresa suministradora de servicios básicos. Del total de movimientos que se realizaron el que tuvo un costo mayor fue el del 20 de noviembre del 2020 por un monto de 17 millones 134 mil, seguido del pago del 19 de febrero del 2020 por 13 millones de pesos 93 mil pesos.
Sobre los ocho pagos a CFE, el ayuntamiento de Puebla no adjuntó comprobantes fiscales digitales, por lo qué, la ASE señaló una posible irregularidad.
Obras en Xonaca
En la rehabilitación del boulevard Xonaca se alertó por un presunto sobrecosto del 17 por ciento en la obra que fue muy polémica en redes sociales porque meses después de ser rehabilitada la vialidad se inundó.
De acuerdo con lo expuesto, el restablecimiento de la vialidad tuvo un costo de 104 millones 864 mil 35 pesos, pero no se brindó toda la información técnica, económica y social relacionada a la realización de los trabajos.
Detalló que el sobrecosto proviene de un cálculo mal ejecutado porque el costo de mantenimiento para la carpeta de concreto hidráulico es de 80 pesos por metro cuadrado al año y en la tabla que presentaron señalan que el precio es de 90 pesos por metro cuadrado al año, por lo que, ese detalle impacta de manera errónea en el total de la cifra.
Aunado a lo anterior, las fechas del periodo de la licencia de construcción no corresponden con el inicio y término de ejecución de la obra donde la exalcaldesa inició su campaña en busca de la reelección.
Comedor para academia de policías
La auditora que encabeza Amanda Gómez Nava también detectó una posible irregularidad por la cantidad de 5 millones 146 mil 368 pesos originada del servicio de comedor para la academia de Formación y Profesionalización policial del municipio de Puebla.
El contrato fue adjudicado a la empresa Aruma Event Planeer S.A de C.V tras el fallo que se emitió el 20 de marzo del 2020 y de acuerdo con los argumentos de la ASE, el ayuntamiento de Puebla no entregó el documento que acredite la logística semanal del programa y la entrega de los menús por persona.
Además, en los listados que envió Rivera Vivanco señaló que se brindaron desayunos, comidas y cenas, lo cual es improcedente para el órgano fiscalizador porque en las cláusulas del contrato se estableció que el prestador de servicios tenía que acordar de manera semanal cuando iba a requerir el servicio de las comidas.
Beneficio a las juntas auxiliares
De igual forma, la morenista no comprobó la entrega de apoyos en especie relacionados a la dignificación de las 17 juntas auxiliares de la ciudad de Puebla que tuvieron un monto de 10 millones 764 mil 786 pesos.
La ASE determinó que no recibió ningún dato sobre la entrega de los materiales para mejorar los espacios, ni la lista de beneficiarios, así que únicamente obtuvo un par de fotografías con las que no se acreditó si realmente los recursos fueron destinados para lo que mencionó el gobierno municipal.
En ese sentido, otro de los posibles daños patrimoniales se captó en los apoyos para el comercio formal del Centro Histórico por un monto que supera los dos millones de pesos derivado de la falta de legibilidad en el padrón de personas que fueron beneficiadas.
Programas en contingencia sanitaria
La ASE puntualizó que durante la pandemia por coronavirus el ayuntamiento de Puebla implementó diversos programas para beneficiar a las familias del municipio, en lo cual se invirtieron tres millones 797 mil pesos, que no fueron justificados de manera óptima.
Una de las observaciones fue por la falta de actas que expliquen los lineamientos y bases para la inscripción de apoyos, padrón de beneficiarios y que estos últimos cumplan con los requisitos para recibir los apoyos.
Artículos de limpieza
En la adquisición de materiales de limpieza para las diferentes dependencias del ayuntamiento de Puebla hubo un posible daño a la hacienda pública por cuatro millones 288 mil 134 pesos.
Lo anterior porque no se mostraron los documentos para verificar la existencia que amparen la entrada y salida de los bienes del almacén ubicado en el bulevar Aquiles Serdán número 416 en San Felipe Hueyotlipan o evidencia fotográfica del procedimiento.
Asimismo, se encuentran dos millones 75 mil 185 pesos por la adquisición de productos antisépticos y sanitizantes para las oficinas del gobierno municipal.
Sueldos por encima del tabulador
En el informe también se hicieron múltiples señalamientos sobre los sueldos que percibieron diferentes trabajadores al interior del ayuntamiento de Puebla que podrían incurrir en un daño patrimonial de 725 mil 194 pesos.
Del total se especificó que 386 mil 118 pesos correspondían a las nóminas de directores, el secretario particular de presidencia y un analista consultivo, aunque no se revelaron identidades.
Los otros 339 mil 76 pesos fueron para siete trabajadores.
