En un llamado urgente a los congresos locales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó la aprobación de la Ley General Trans en cada entidad del país, incluyendo el estado de Puebla. Esta medida busca garantizar la protección integral de los derechos de la comunidad transgénero, abordando aspectos como la salud, la educación, el trabajo, identidad de género, igualdad y la no discriminación.
Además de esta petición, la CNDH propuso una reforma al Código Penal para que la identidad de género sea considerada un agravante en los casos de “transfeminicidio”. Para activistas, este paso significaría un avance crucial en la lucha contra la violencia de género y en la protección de los derechos de la diversidad sexual.
Sin embargo, la legislatura poblana está a punto de concluir y existe un escepticismo generalizado sobre la posibilidad de que tanto la Ley General Trans como la tipificación de los "transfeminicidios" se conviertan en una realidad durante este periodo legislativo.
De lograrse la aprobación en Puebla, se anticipa que los responsables de "transfeminicidios" enfrenten condenas más severas, superando los 30 años de prisión, en contraste con los aproximadamente 20 años que conlleva un homicidio ordinario. Esto resalta la gravedad y la necesidad urgente de abordar estas problemáticas desde una perspectiva legal más sólida y justa, de acuerdo con los entrevistados.
Falta de acción legislativa representa un obstáculo en la lucha por los derechos de las personas LGBTQ+
En entrevista con este medio, Gabriela Chumacero Rodríguez, líder del Grupo Trans en Puebla, consideró que este llamado de la CNDH es de suma importancia, ya que todas las mujeres trans deben de vivir sin discriminación y seguras. En suma, esta seguridad debe continuar hasta en el momento de su muerta, ya que, sin vida -aun así- las siguen criminalizando.
En lo que va del año, van 22 asesinatos de mujeres trans en el país y de esta cifra, dos son de Puebla. Al momento de sus asesinatos, los medios y las autoridades los señalaron como “varones”; en algunos casos, se encontró al presunto culpable, pero no tiene pena o sigue impune.
Otro problema al que se enfrentan las mujeres trans es a la identificación, ya que muchas de ellas, no son originarias de los estados en los que viven, pero ni una sólo autoridad se ha interesado en crear un registro para brindarles apoyo, seguridad o sólo para saber cuántas son. “Son personas que migran por una vida mejor y si desgraciadamente son asesinadas, lo menos que pueden hacer las autoridades es tipificar como trans feminicidio, se lo merecen por el simple hecho de ser seres humanos”, indicó.
Para Gaby, la falta de acción legislativa representa un obstáculo en la lucha por los derechos de las personas LGBTQ+ y más en estos momentos cuando hay veda electoral. No obstante, cree que aún quedan unos meses para que puedan retomar la Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans y que antes de que concluya su periodo, se pueda tipificar el transfeminicidio.
“Si no queda ahorita, que ya lo veo muy difícil, que la próxima legislatura de verdad tipifique el transfeminicidio, que se manejen así, no como homicidios, crímenes pasionales o como ajuste de cuentas. ¡Ya basta!. Nosotras tenemos los mismos derechos y hay que hacerlos cumplir. Para la Ley Agnes nos costó pasar por tres legislaturas y no vamos a quitar el dedo del renglón”, puntualizó.
Hoy en día, Gabriela Chumacero, podría convertirse en diputada de la próxima legislatura, ya que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) la colocó en la octava posición de la lista de diputaciones locales por la vía plurinominal. En caso de que llegue a la sede legislativa, lo primero que hará es promover la Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans, la cual, busca la no discriminación, documentos de identidad, cirugías plásticas gratuitas para reafirmar el género, ingresar a los libros de texto gratuito la diversidad sexual, así como acceso a la cultura, trabajo y vivienda.
Asimismo, esta misma Ley abarca un capítulo para las infancias trans, las cuales se avalarán desde los 11 años con apoyo psicológico y el “transfeminicidio”, para que la condena de los asesinos sea de un aproximado de 35 años. “Queremos que se de verdad se sancione, que vean que habrá un castigo porque hay mucho dolo en las muertes. Hay mucho que hacer por la comunidad, pero actualmente varios organismos están presionando a los congresos para que esto mejore”, concluyó.
La falta de reconocimiento legal dificulta la búsqueda de justicia
Hanna Fernanda Cervantes, activista y mujer trans también celebró la recomendación de la CDNH, ya que, en el territorio poblano, el transfeminicidio, es un crimen que afecta directamente a las mujeres trans, pero no está tipificado como delito en el Código Penal.
En su opinión, esta ausencia legal ha generado que sigan creciendo los crímenes de odio en contra del sector y los asesinatos no son debidamente atendidos ni visibilizados. “Es una deuda histórica, desde el 2018 se ha alertado a México desde organismos internacionales y no se le ha dado la importancia necesaria, al contrario, se excluye y se mantiene impune. La ola de transfeminicidios ha incrementado y nadie hace algo al respecto”, lamentó.
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Para la activista, el transfeminicidio es una “realidad trágica y preocupante” que no debe pasar desapercibida, ya que la falta de reconocimiento legal de este tipo de crímenes implica una omisión en las investigaciones, lo que dificulta la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias.
Explicó que el asesinato de una mujer trans en Puebla es clasificado simplemente como el homicidio de un hombre, o en términos aún más denigrantes, como el de un "hombre vestido de mujer". Esta clasificación no solo distorsiona la realidad de la identidad de género de las mujeres trans, sino que también perpetúa estereotipos dañinos y violentos.
Ante este contexto, insistió en la necesidad urgente de que los congresos locales reconozcan y penalicen específicamente el transfeminicidio. “La inclusión de este delito en el marco legal no solo sería un paso hacia adelante en la lucha contra la discriminación y la violencia de género, sino que también enviaría un mensaje claro de que en Puebla no se tolera la violencia hacia las personas trans”, señaló.
Hannah también estaba considerada para tener un espacio en la próxima legislatura, pero su espacio fue otorgado a Roberto Zatarain Leal. No obstante, ella seguirá en el activismo y presionando para que las autoridades entrantes no suelten el tema. Aceptó que es poco probable que en la actual legislatura se tipifique el transfeminicidio, pero no imposible.
“Es hora de que las autoridades tomen acción y escuchen el llamado de la comunidad trans y de los defensores de derechos humanos. La protección y el respeto de los derechos de las mujeres trans no pueden seguir siendo ignorados en la legislación poblana. La tipificación del transfeminicidio como delito es un imperativo moral y legal que no puede ser ignorado”, remató.
Para concluir, ambas activistas anunciaron que seguirán presionando por cambios concretos y medidas efectivas que garanticen una protección equitativa para todas las comunidades, sin importar su identidad de género u orientación sexual.
CNDH pide fortalecer derechos humanos de la población trans
Fue el pasado 10 de marzo, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado urgente a los diputados locales, federales y senadores para que aprueben una Ley General de Acceso Integral a Derechos de Personas Trans. Dicha recomendación, se fundamenta en la necesidad de proteger los derechos de la comunidad en áreas como la salud, educación, empleo, identidad de género, igualdad y no discriminación.
A través de la recomendación 42/2024, la CNDH instó a los congresos locales, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), a investigar y documentar las violaciones a los derechos humanos que enfrenta la comunidad trans en todo el territorio nacional.
Esta acción responde a una solicitud por escrito de una diputada federal, quien informó sobre el alarmante aumento de los asesinatos de mujeres trans en lo que va del año. En vista de esta preocupante situación, la CNDH urgió a las autoridades a reconocer el transfeminicidio como un delito en el Código Penal Federal, como una medida vital para garantizar la seguridad y protección de esta comunidad.
