Los gobiernos municipales de Huauchinango y Juan Galindo, así como la Comisión Nacional del Agua fueron omisos ante las descargas ilegales de aguas residuales y nulo saneamiento a la Presa Necaxa, así lo concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que emitió una recomendación donde instruyó la creación de un convenio interinstitucional para la protección ambiental.
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De acuerdo con la recomendación 126/2024, el organismo defensor de los derechos explicó que, derivado de una queja presentada en 2021, emprendió una investigación sobre la contaminación de la Presa a raíz de descargas de aguas residuales sin tratamiento previo.
La investigación incluyó un estudio demográfico en la zona, se revisó la calidad del líquido y se tomó una muestra, con la finalidad de hacer los estudios correspondientes para determinar la situación.
También se solicitó las posturas de los ayuntamientos involucrados, que enviaron documentos en donde reconocieron que no cuentan con los recursos suficientes para emprender acciones que ayuden a mitigar la contaminación en la presa. A la par, justificaron que el saneamiento también corresponde a las autoridades federales y no sólo de los gobiernos municipales.
Luego de concluir con la indagación, la CNDH acreditó violación a los derechos humanos, a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua, por lo que emitió una serie de recomendaciones a los entes involucrados.
Entre estas determinó un plazo de seis meses para que las autoridades, en conjunto con académicos, empresarios y miembros de la sociedad civil, establezcan un convenio interinstitucional para la protección ambiental, restauración y reparación integral de los daños que han derivado de esta situación.
Mientras que a los ayuntamientos de Huauchinango y Juan Galindo les recomendó hacer las gestiones necesarias ante el gobierno de Puebla y el Congreso del Estado para que en los próximos tres años cuenten con los recursos necesarios para mejorar los servicios de drenaje, alcantarillado y disposición de aguas residuales.
Finalmente, la CNDH sugirió solicitar en un periodo menor a tres meses apoyo del gobierno de México para la operación de un sistema de tratamiento de aguas residuales.
