En la antesala a la discusión parlamentaria para aprobar, en un segundo intento, el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP) en Puebla capital, el gobernador Miguel Barbosa Huerta opinó que el hecho de pedir a la ciudadanía el pago por la energía eléctrica utilizada para iluminar la vía pública, no es “inconstitucional” ni mucho menos un acto de “traición”.
Tras conocerse que el edil capitalino, Eduardo Rivera Pérez, solicitará al Congreso del Estado una nueva oportunidad para analizar que su ayuntamiento sea capaz de incluir el DAP en su Ley de Ingresos para 2023, el titular del Ejecutivo local respaldó que los gobiernos municipales puedan recaudar este derecho, pues insistió que no es un impuesto.
“Está perfectamente claro, el cobro del DAP, que no es un impuesto, es un derecho, no es inconstitucional. Ya quienes sigan planteándolo de esa forma son argumentos solamente que tienen interés político. Siempre el alumbrado se ha cobrado, siempre, en todo momento, ahora ya va bajo el rubro de un derecho, pero siempre, por cooperación, por todas las formas por las cuales se tiene que contribuir para que un lugar esté alumbrado”, declaró este martes en rueda de prensa.
Refirió que los ingresos por este concepto permiten, entre otras cosas, que los gobiernos municipales subsanen sus deudas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues aseguró que dicho organismo encabezado por el ex gobernador de Puebla, Manuel Bartlett Díaz, no “regala” la energía eléctrica.
“Todo eso cuesta (...) todo consumo de energía eléctrica, cuesta. La CFE no da de regalo nada, por eso también [hay] tantas deudas acumuladas a favor de la CFE sobre ayuntamientos”, subrayó.
Señaló además que, el apoyar la medida no significa que una autoridad esté “traicionando” a sus representados, tal como, aseguró, algunos mencionaron como alegato político.
“No es un derecho inconstitucional, que lo digan claramente, y no es traición a nadie, por favor, quien lo dice nada más quiere usar argumentos de simulación”, comentó.
Cabe recordar que, el 24 de diciembre de 2021, el Pleno del Poder Legislativo local votó, en mayoría, en contra de facultar a los municipios de Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula para poder cobrar ese derecho.
Este hecho causó controversias internas en las principales fuerzas políticas parlamentarias. Por un lado, el ex presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Aristóteles Belmont Cortés, confirmó que los 12 diputados de ese partido que votaron a favor del cobro del DAP serían sancionados, por, supuestamente, considerarla una medida adversa contra las familias poblanas.
Por su parte, tanto el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Puebla, Eduardo Alcántara Montiel, como los diputados Oswaldo Jiménez y Aurora Sierra, recriminaron en su momento que las comunas no hayan sido permitidas de cobrar el servicio eléctrico, pues argumentaron que la medida sólo buscaba mejorar sus condiciones financieras.
Por último, es imprescindible recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó parcialmente, en noviembre de ese mismo año, que 56 ayuntamientos poblanos hayan configurado el cobro del alumbrado público como un impuesto. En el caso específico de los municipios de Ajalpan, Coyotepec y Chignautla, se consideró inconstitucional que los ciudadanos tuvieran que pagar este servicio de forma bimestral.
El fundamento, según expuso el promovente de esta acción, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fue que la recaudación de este derecho contraviene, al menos, cuatro artículos constitucionales y dos convenios internacionales. En resumen, se fundamento que se vulneraron, el derecho a la seguridad jurídica, el principio de legalidad y el principio de proporcionalidad en las contribuciones de la ciudadanía.
