Los colectivos intensificarán los trabajos para exigir al Congreso del Estado homologar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de Puebla toda vez que interpondrán un amparo con el fin de presionar al parlamento para sacar adelante la normativa que pretende proteger a los peatones, ciclistas, usuarios del transporte público y aquellas personas que utilizan otro medio de traslado.
En conferencia de prensa, David Maldonado, presidente del Círculo de Amparo A.C puntualizó que el recurso legal será interpuesto en el transcurso del día en Ciudad Judicial y explicó que el procedimiento marca un periodo de 15 días hábiles para que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y el Legislativo contesten la demanda.
Lo anterior significa que las autoridades tendrán hasta finales de junio para cumplir con dicho paso. Posteriormente, precisó que se fija la fecha de audiencia y se dicta la sentencia.
Detalló que en general el proceso puede extenderse hasta medio año, es decir, a finales del 2023.
“Se presenta hoy el amparo, el gobernador y el Congreso del Estado tienen 15 días (hábiles) para contestar la demanda, después de eso se da una fecha de audiencia y se dicta la sentencia, así de fácil”, dijo.
Según lo expuesto, el recurso será interpuesto por 13 personas físicas que forman parte de los colectivos Manu Vive A.C, Puebla para Todos, Círculo de Amparo A.C y personas que han sido víctimas de algún siniestro vial o que padecen alguna discapacidad.
Por su parte, Carlos Armando Martínez Galindo, director del Litigio Estratégico y Asuntos Probono de Círculo de Amparo A.C, desglosó que el amparo contiene tres elementos, el mandato constitucional o legal, la omisión por parte de la persona demandada y la violación de uno o más derechos.
Especificó que se cumple con el primer punto porque el 13 de noviembre del 2022 venció el plazo de 180 días indicado para que los Congresos locales aprobaran la homologación de la ley luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Sobre el segundo tema recordó que apenas iniciaron los trabajos encaminados al análisis de la ley pero todavía no existe una fecha para ser aprobada en comisiones ni para ejecutar la consulta necesaria, por lo que es evidente una omisión por parte del parlamento.
El tercer y último punto es la violación al derecho humano de la movilidad porque debe ser protegido con el fin de proteger a las personas.
“Existe la violación a los derechos humanos porque en primer lugar ya es un derecho fundamental el de la movilidad. Entonces, al ser un derecho es necesaria su protección y garantía”, dijo.
El Sol de Puebla dio a conocer que hace unos la La panista Guadalupe Leal Rodríguez, autora de un proyecto, confirmó que iniciaron las reuniones entre ella, Silvia Tanús Osorio y Roberto Solís Valles, presidentes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Comisión de Transportes y Movilidad, así como la Comisión de Seguridad Pública, respectivamente.
Lo anterior porque son las áreas involucradas en el tema e informó que en los encuentros realizados se ha hecho un análisis de los documentos con el fin de detectar las similitudes y diferencias para sacar solamente el proyecto que será puesto a la disposición de la comisión para su dictaminación y posterior realización de la consulta pública.
La entidad cuenta con tres proyectos. El primero fue presentado por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) el 15 de marzo del año pasado, el segundo fue enviado por el exgobernador fallecido Miguel Barbosa Huerta el 8 de junio.
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