Por mayoría de votos, 17 a favor, cinco en contra y dos abstenciones, regidores del Ayuntamiento de Puebla formalizaron en sesión extraordinaria de Cabildo, el dictamen para comenzar con el proceso que revoque la concesión por 30 años a la empresa Concesiones Integrales y así, aterrizar la propuesta de remunicipalizar el servicio de agua potable y alcantarillado.
De esta forma, en los posteriores tres días hábiles, el documento será remitido al congreso local, a la Secretaría General de Gobierno y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el propósito de avanzar con el procedimiento jurídico.
Casi dos horas de discusión llevó el tema, luego que la regidora del PAN, Augusta Valentina Díaz de Rivera, advirtiera que no se está analizando el impacto económico para las arcas municipales y a la propia sociedad invalidar el título de concesión, por lo que pidió regresar el dictamen a su estudio a la comisión transitoria del agua.
El documento de ocho puntos aprobado por la mayoría de los cabildantes, incluyó además peticiones de auditorías tanto a nivel local como federa, sobre procesos relacionados con licitaciones, convenios modificatorios, adquisición de terrenos e inversiones con recursos públicos.
También destacó la solicitud de pedir a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para fincar responsabilidades a funcionarios públicos que participaron en “las presuntas agravantes ocurridas” en caso de comprobarse irregularidades.
Con lo aprobado por el Cabildo, deja sin efectos el acuerdo tomado por el ayuntamiento con fecha de 12 de septiembre de 2013 -mandato de Eduardo Rivera- para que el SOAPAP iniciara con los trámites de concesionar el servicio.
Mientras continúa este proceso, el ayuntamiento en conjunto con el SOAPAP vigilará el actuar de la firma Agua de Puebla para Todos, con la finalidad que cumpla con su compromiso de ofrecer el servicio de agua potable.
La alcaldesa Claudia Rivera afirmó que su gobierno no está en contra de la llegada de capital privado o de las concesiones, pero sí en contra de “negocios a costa de las necesidades de la gente”.
Refirió que el proceso de remunicipalización forma parte del compromiso de campaña y de la lucha social porque sea el municipio el que tenga nuevamente las facultades para prestar dicho servicio, con tarifas justas y apegadas a la realidad.
En este sentido, se dijo que hasta 500 por ciento incrementaron las tarifas a los usuarios, sin cobertura adecuada pues 83 colonias están sin recibir el vital líquido.
DISCREPAN PAN Y MORENA
Durante la discusión de este punto, la panista Augusta Díaz de Rivera, lamentó que esté incompleto el documento sin estudiar las afectaciones financieras por las penalizaciones que vengan por finiquitar antes la relación laboral con Concesiones Integrales.
Reconoció que la concesión entregada en 2013 es una “gran estafa”, pero este ayuntamiento no puede apresurarse sin medir las consecuencias, “le van a dar en la madre a los empresarios porque ellos tendrán que pagar esto”.
Previamente, por la mañana en entrevista, la alcaldesa Claudia Rivera, descartó algún pago como penalización y, por el contrario, se analiza el cobro por incumplimiento de las obligaciones de contrato, afirmó la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco.
Aprovechó para culpar y señalar que en 2013 actuaron de manera “vergonzosa” el entonces gobernador Rafael Moreno Valle y el edil Eduardo Rivera Pérez al permitir la privatización del servicio de agua potable por 30 años en la ciudad.
De regreso a la discusión del dictamen en sesión extraordinaria, regidores de Morena como Edson Cortés, Ángel Herrera, Iván Herrera y Ana Laura Escobar, coincidieron en decir que se está actuando de manera responsable dando marcha atrás a una concesión que afecta a la población porque se ofrece un servicio de mala calidad y caro.
El tema electoral salió a flote entre ambas partes, pues mientras el PAN advirtió que perderán la próxima elección del 2021, los morenistas aseguraron que existe un antecedente reciente como el proceso comicial extraordinario del pasado dos de junio.
Los votos en contra fueron de los cinco regidores de Puebla al Frente encabezada por el PAN, mientras las dos abstenciones a cargo de la priista, Silvia Tanús y la representante de Morena, Libertad Aguirre.
