La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla tendrá una reducción presupuestaria del 17.6 por ciento en 2025. Eso plantea la iniciativa a la Ley de Egresos 2025, próxima a discutirse en el Pleno del Congreso local.
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En medio de una crisis de derechos humanos, ¿qué mensaje otorga esta disminución a las víctimas? Que la desaparición forzada no es una prioridad para el gobierno. Así lo ha planteado Shanik David George, responsable del observatorio “Con los Ojos Abiertos”, de la Universidad Iberoamericana Puebla.
El ejercicio fiscal 2024 contempló 21 millones 686 mil 824 pesos para la Comisión. Para el siguiente año, la propuesta es que reciba 17 millones 885 mil 303 pesos. De aprobarse la iniciativa, el 2025 sería el segundo año con el presupuesto más bajo que ha recibido la Comisión desde su creación, en 2019, seguido por el 2023, cuando solo le destinaron 13 millones de pesos.
Hasta el 31 de diciembre de 2023 había un acumulado de dos mil 98 personas desaparecidas en Puebla. Al corte de hoy, 20 de noviembre, casi un año después, la cifra subió a dos mil 737 personas sin localizar en el estado, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Es preocupante, afirma David, se reduce casi una quinta parte del presupuesto que tuvo en 2024. Esta disminución, en medio de una crisis de desaparición forzada y desatención a las víctimas, invita a cuestionarse: ¿por qué reducir el presupuesto de un organismo encargado de la búsqueda de personas desaparecidas cuando el número de víctimas aumentó? Es ilógico, comenta.
“Reducir los recursos da el mensaje de cuáles son las prioridades que se van a tener para el próximo año, porque pareciera que el tema de la búsqueda de personas no ha sido algo prioritario para el gobierno y no se sabe si es una política que se va a mantener”, expresa.
Esta reducción no es del todo un tema estatal, más bien podría obedecer a una modificación federal, explica. La Comisión Nacional de Búsqueda también tuvo una disminución presupuestaria para 2025 -menos significativa-, pero que está impactando a algunas entidades federativas, entre ellas Puebla. Entonces, podría entenderse como una política de austeridad mal ejecutada.
Está mal planteada esta reducción, en caso de ser por temas de austeridad, porque no es lo mismo restarle recursos a una secretaría que a este organismo. “Cuando pensamos en temas de derechos humanos no es solo quitarle presupuesto, cada peso que se quita es un peso que no se destinó a buscar, no es lo mismo recortarle a Finanzas, que se encarga de cuestiones administrativas, que a esta comisión que responde a la obligación que tiene el estado: buscar a las personas desaparecidas”, sostiene.
¿Qué perderá la Comisión?
El impacto que tiene esta reducción podría parecer mínima en el papel, pero en realidad es significativa en su labor. Incluso, el presupuesto que recibió este año no culminó en acciones concretas, pues solo alcanzó para adquirir vehículos de búsqueda, según ha documentado la casa de estudios que representa David. Distribuir 17 millones para buscar a dos mil 737 personas desaparecidas en todo el estado es un reto difícil.
La tarea del organismo no es administrativa, es de campo. Debe poner en marcha acciones de búsqueda en cuanto se reporta a una persona desaparecida, ya sea en la capital o en alguna región del estado, en donde además, tiene falta de presencia.
David señala que los tres millones 801 mil 521 pesos que podría perder la Comisión el año entrante se traduce en una oficina regional que no se podrá construir, en acciones que no se podrán llevar a cabo, en uniformes y equipo de búsqueda que no se podrán comprar y, lo más importante: en víctimas sin acceso a la justicia.
“Cada peso que no se usa se pierde para la atención de las personas desaparecidas, es algo que debería preocuparnos, son menos familias sin justicia y sin acceso a la verdad”, finaliza.
