A dos años de la explosión ocurrida en ductos de gas en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, al norte de la ciudad de Puebla, un tercio de las viviendas que fueron construidas y otorgadas a algunos de los damnificados en la zona del penal de San Miguel están desocupadas y al menos tres de las edificadas en cerca del sitio del siniestro registran cuarteaduras. Los afectados consideran que difícilmente recuperarán el patrimonio que tenían antes de la tragedia y algunos ni siquiera consiguieron la reconstrucción de su casa porque, les dijeron entonces, ocupaban una zona irregular.
Aunque la administración del entonces gobernador Miguel Barbosa reconstruyó y entregó 48 viviendas a quienes perdieron su casa debido a la explosión, a fin de reparar los daños, varias de las familias coinciden en que su calidad de vida empeoró, ya que las dimensiones de su nuevo patrimonio son menores a las que tenía el que construyeron con años de esfuerzo y en donde, en varios casos, compartían el inmueble con familiares.
El Sol de Puebla visitó a algunas de las familias que resultaron damnificadas para conocer si han logrado sobreponerse a la tragedia de 2021, sin embargo, la mayoría coincide en que la necesidad de vivienda no ha quedado resuelta del todo y es la primordial, ya que todavía hay quienes se ven en la necesidad de rentar porque no les reconstruyeron su patrimonio o porque el que les dieron no satisface sus necesidades de vida.
Comparten que la mayoría de las casas que resultaron con pérdida total en Xochimehuacan eran habitadas por más de una familia, ya que regularmente eran lotes grandes en donde vivía una pareja de adultos mayores con sus hijos, hijas, yernos, nueras y nietos, no obstante, con la reconstrucción sólo recibieron una casa con dimensiones para alojar a máximo dos familias y en condiciones de hacinamiento.
A eso se suman las condiciones de inseguridad y de falta de solvencia económica a las que se siguen enfrentando, ya que en ambas zonas hay condiciones que los hacen blanco de la delincuencia y la mayoría ejercía oficios que no han podido retomar plenamente en los lugares donde ahora viven.
Deshabitadas o rentadas, las casas de Lomas de San Miguel
Solo 14 de las 22 viviendas construidas en la colonia Lomas de San Miguel, cerca del centro penitenciario que lleva el mismo nombre, están habitadas, aunque muy pocos vecinos son los dueños del inmueble y, en consecuencia, damnificados por la explosión de hace dos años.
Varias de las casas ocupadas han sido rentadas a terceros, ya que los dueños originales decidieron no vivir en el lugar, cuentan los pocos vecinos que este medio de comunicación pudo entrevistar durante un recorrido por la zona, que tiene apariencia de abandono.
Para llegar al predio donde fueron edificadas las viviendas sus moradores deben caminar al menos 15 minutos desde la calzada Emiliano Zapata, donde pasa el transporte público, y el trayecto incluye un tramo en pendiente. Al llegar se puede observar a varios perros que los vecinos tienen para alertar sobre la presencia de extraños, ya que catalogan la zona como insegura.
En el pequeño conjunto habitacional solo hay dos calles y en una de ellas cuatro casas, de las cuales sólo está habitada la de la señora Nieves Romero Paz, quien vive ahí con su esposo desde hace casi un año y ya se ha acostumbrado a la soledad del lugar, ya que uno de sus vecinos sólo llega de vez en cuando y los otros prefirieron no vivir ahí.
Considera que la inseguridad pudo ser uno de los motivos, ya que ella misma fue víctima de la delincuencia incluso antes de llegar a habitar el hogar que le entregó el exgobernador Barbosa.
“Cuando llegamos ya nos habían robado las puertas de las recámaras, la tarja de la cocina, lo de la instalación del baño y así muchas cosas, entonces tuvimos que comprarlo y tratar de asegurar con la protección la puerta”, expresa mientras lava unas prendas frente al domicilio.
Explica que lava en ese sitio porque aunque el lavadero debería estar instalado en la parte trasera de la casa, no se lo dejaron colocado y tampoco construyeron la barda que debía separar a las cuatro viviendas de esa calle de las ocho con las que colindan.
La mujer de la tercera edad resalta que, además de la inseguridad y los desperfectos de su vivienda, tiene dificultades para acceder a servicios como la recolección de basura, ya que debe caminar al menos 10 minutos para dejarla en la calle donde pasa el camión recolector.
En la otra calle vive Itzel, quien llegó a rentar porque en la zona el costo es relativamente económico al no rebasar los 2 mil pesos mensuales, sin embargo, confiesa que a veces se arrepiente porque es un lugar inseguro y alejado de las escuelas, tiendas y paraderos del transporte público.
“Por aquí luego hay mucho mariguano, como está al lado el lote del estacionamiento de las cajas de tráiler luego por ahí se escuchan muchos ruidos, la verdad no da confianza salir en la noche porque está oscuro y aquí aunque algo pase la policía luego no viene; hay unos que hasta vienen a hacer arrancones con motos y da miedo por los niños, yo por ejemplo no puedo dejar a mi niño salir a la calle a jugar ”, advierte.
Apunta que en su casa adaptó unas protecciones debido a la inseguridad que hay en la zona, sin embargo, no duerme tranquila porque el sanitario cuenta con un tragaluz muy frágil y considera que incluso por ahí podría entrar alguien a su domicilio.
Respecto a sus vecinos, comenta que la mayoría salen a trabajar y sólo llegan en la noche a dormir, aunque de las 18 viviendas de la calle al menos cuatro están desocupadas. “Algunos les pasaron a poner cortinas nada más para que parezca que vive alguien, porque hubo un tiempo en que se oía que las querían invadir”, revela.
La suegra de Itzel sí es damnificada de la explosión de Xochimehuacan y se mudó a Lomas de San Miguel con su esposo, aunque es cuidada por su nuera debido a que la tragedia empeoró su estado de salud y ahora padece de crisis frecuentes.
En la casa que tenían en San Pablo vivían junto con sus tres hijos, todos ellos ya tenían familia y habían construido su propia casa dentro del lote, no obstante, tras la explosión el gobierno solo les construyó una de las cuatro, así que la pareja se quedó sola y sus familiares se vieron obligados a rentar.
Itzel comparte que los papás de su esposo rebasan los 70 años de edad y ella cuida de su suegra porque su estado de salud le impide caminar, mientras que su suegro diario acude a San Pablo a trabajar en su taller de alfarería, que habilitó con mucho esfuerzo en un predio que rentó para poder reactivar su economía.
“Yo creo que también por eso mucha gente no se quedó a vivir aquí, porque muchos ya eran matrimonios de personas mayores, así como mis suegros, entonces imagínese para ellos lo difícil que es llegar caminando y lo inseguro si algo les llega a pasar, aquí no podemos ni pedir un taxi de esos de plataforma porque las casas ni siquiera aparecen todavía en Google, batallamos hasta para cambiar la credencial”, narra.
La madre de familia considera que el gobierno debería construir un parque y mejorar los servicios públicos en la zona para que haya mejores condiciones de vida para las familias, ya que a su juicio sólo cumplió con entregarles un techo y se olvidó de terminar los procesos constructivos pendientes y hacer más habitable el espacio público.
Casas en Xochimehuacan registran cuarteaduras
Las viviendas que fueron construidas en San Pablo Xochimehuacan ya registran alguna modificación que realizaron los propietarios para mejorar el inmueble. Muchos construyeron bardas, otros las ampliaron y muy pocos las conservan igual, entre ellos algunas familias que temen por su seguridad, dado que los muros han comenzado a cuartearse.
Este es el caso de la vivienda de Claudia Georgina Lozano Rojas, quien mostró a este diario las cuarteaduras que prácticamente dividen el muro trasero de su hogar y que no han sido reparadas a pesar de los múltiples reportes que ha hecho a la autoridad.
“A los meses de que nos pasamos a vivir empezaron a salir las rajaduras y lo reportamos, como todavía estaban terminando unas casas y andaban por aquí pues a unas les echaron un entortado y en la orilla le pusieron cemento y según dijeron que con eso ya no iba a pasar nada, pero siguieron apareciendo más y ahora llamamos y llamamos y ya no contestan, nosotros pensamos que quieren dejar que pase el año de garantía para ya no hacerse responsables”, sostiene.
La mujer opina que el problema de fondo es que durante el proceso de construcción no compactaron bien la tierra con la cual rellenaron su predio para construir la casa a nivel de la calle Industria y teme que los sismos sigan deteriorando el estado del inmueble porque las cuarteaduras se hicieron más profundas durante el último movimiento telúrico.
“Nos dieron una miseria y no nos construyeron lo que era”, expresa al tiempo de señalar que su casa era más grande y la compartía con su hijo, su nuera y un nieto; sin embargo, ahora ella y su esposo ocupan una recámara y la familia de su hijo la otra, de tal forma que viven incómodos en el espacio tan reducido.
Respecto a su economía, señala que no ha logrado sobreponerse del todo y muchos de sus bienes los ha obtenido gracias al trabajo de taxista de su esposo y a la generosidad de familiares:
“Habían dicho (del gobierno) que nos iban a dar un kit de muebles, con cama, comedor y un refrigerador, algo básico, pero al final ya no nos dieron nada. Yo todavía tengo los colchones y sillones que mi familia y una amiga me hicieron favor de regalarme, porque no tenía nada”.
En la misma calle vive Beatriz Gómez, quien recurrió a ocupar el espacio destinado a cochera para instalar una tienda, que es el negocio del que dependía hasta antes de la explosión. Comparte que todavía no se repone económicamente porque ha tenido que pedir créditos y no ha recibido algún apoyo de la autoridad.
“Sí nos está costando mucho, hasta para comprar un mueble porque es caro y yo me he enfermado mucho, yo creo por lo mismo (de la explosión) y ya nadie se ha acercado para preguntar si necesitamos algo o dar algún apoyo, nada, incluso a varias personas del gobierno les hablé para pedir un apoyo económico, no quería que me lo regalaran, al menos que no me cobraran los intereses, pero no hubo nada”, lamenta.
Todavía hay familias sin casa
Rosendo López Romero es una de las personas que perdió su vivienda en la explosión, pero, a diferencia de otros de sus vecinos, a él no le reconstruyeron su vivienda con el argumento de que estaba cerca de las vías del ferrocarril. A dos años de distancia al menos consiguió recuperar el predio pero siente incertidumbre porque a sus 64 años ve complicado volver a construir su patrimonio.
Frente al lote donde estaba su hogar, manifiesta que llevaba 40 años viviendo ahí y que dedicó su vida a trabajar para construirlo, incluso emigrando durante un tiempo a Estados Unidos, así que el día de la explosión perdió más de un millón y medio de pesos, que es el valor que, estima, tenía su casa.
“Me dijeron que me construían la casa allá por el Batán (en San Miguel) pero allá no hay nada, está feo para uno que ya es grande vivir allá y por eso no quise, ahora aquí me dijeron que ya no se podía porque debía haber 30 metros de distancia de la vía (del tren), ya después que había pasado lo de la entrega de papeles y habían construido las casas entonces dijeron que eran 15 metros, entonces yo creo que sólo pusieron ese pretexto al principio para no construirme la casa”, acusa.
Agrega que para defender la posesión de su predio invirtió al menos 50 mil pesos, ya que hubo un momento en el que el gobierno no quería respetarle la propiedad argumentando que se encuentra en una zona de riesgo; no obstante, la ganó tras mostrar escrituras y los pagos puntuales de impuestos como el predial.
López añade que no ha tenido suficiente capital para reconstruir su casa y actualmente paga 2 mil 500 pesos de renta por una vivienda en San Pablo Xochimehuacan, en donde vive con su esposa y una de sus hijas, así como 2 mil pesos por un lote en donde reactivó su negocio de crianza de pollos, su principal actividad económica.
Las familias que continúan viviendo en San Pablo Xochimehuacan consideran que no están exentas del peligro y de que vuelva a ocurrir otra explosión, ya que sigue habiendo rumores de robos a los ductos de Pemex.
“Pues no (vivimos tranquilos), porque luego en el facebook dicen que hay fuga de gas, primero allá arriba por Miravalle y luego también hubo otra aquí por Barranca Honda; entonces está uno preocupado porque puede pasar algo. Tranquilos no, tratamos de subsistir”, aclara Beatriz.
Sugieren revisar procesos constructivos
Aunque las viviendas construidas para damnificados regularmente tienen ciertos prototipos por el hecho de que atienden a una necesidad de emergencia, es necesario que la autoridad revise que el proceso constructivo sea el adecuado y atienda las necesidades básicas de la población, señala Octavio Flores Hidalgo, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).
Subraya que el gobierno solo puede atender la reparación de daños de quienes pierden su casa durante contingencias basado en la legalidad y esto explica que algunas personas con lotes cercanos a las vías del tren o a zona federal no hayan recibido apoyo; no obstante, detalla que lo ideal es que quienes sí vivían en el marco de la ley sean indemnizados considerando sus necesidades.
Para el especialista, las posibles deficiencias de las nuevas viviendas no son un asunto exclusivo de los damnificados de Xochimehuacan, sino que ha ocurrido en diversas partes del país, con personas que por diversos motivos también perdieron su casa.
“Que haya cuarteaduras es un tema que se debe revisar, puede ser un problema de origen del proyecto y esto está en la ley de obra pública y la ley de construcción”, precisa al tiempo de señalar que si la autoridad no interviene las familias podrían resultar nuevamente afectadas.
Refiere que es necesario realizar un peritaje, que pueden solicitar los propios vecinos y el gobierno del estado, ya que este último puede hacer valer las pólizas de garantía de los proyectos, que regularmente tienen una vigencia de cinco años, en caso de detectar alguna irregularidad en el proceso constructivo.
“Aquí es el director Responsable de Obra el que debe intervenir para verificar si existieron deficiencias en la calidad de los materiales, en la obra o en el suelo que hayan motivado los desperfectos; se contrata a un valuador que revise el proyecto”, expone.
El Sol de Puebla solicitó a la Secretaría de Bienestar del gobierno estatal una entrevista para conocer de la atención a quejas de deficiencias en las viviendas construidas para las familias afectadas por la explosión, así como la cantidad de solicitudes o inmuebles reportados con daños, sin embargo, al cierre de esta edición no había compartido la información solicitada.
La explosión en ductos de gas que afectó a San Pablo Xochimehuacan ocurrió el 31 de octubre de 2021, dejó un saldo de cinco muertos, 12 heridos y 54 viviendas afectadas, de las cuales fueron reconstruidas 50 y entregadas 48, ya que las dos faltantes correspondían a personas que aparentemente habrían tenido responsabilidad en los hechos y quedaron en calidad de pendientes.
Respecto a las viviendas faltantes, los propietarios comenzaron procedimientos legales para mantener la posesión de los lotes, como en el caso de Rosendo López, ya que en su momento se les indicó que los terrenos no cumplían la distancia mínima requerida con respecto a las vías del ferrocarril y por lo tanto no podían ser habitados.
La toma clandestina que provocó las tres explosiones que ocurrieron aquella madrugada en San Pablo estaba en la esquina de las Avenidas Gasoducto y Ferrocarril. El fuerte olor a gas alertó a los vecinos y la gran mayoría consiguió evacuar a tiempo, salvo una persona que murió en el lugar.
Las siete personas detenidas por su responsabilidad en los hechos fueron vinculadas a proceso por homicidio y lesiones calificadas, daño en propiedad ajena, ataques a las vías de comunicación y encubrimiento, entre ellos Ricardo N., alias “El Callo”, quien era señalado como uno de los líderes criminales en aquella junta auxiliar.
