Directoras, directores, académicos y estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) asistieron el pasado fin de semana a Palacio Nacional, para solicitar personalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador detenga la persecución que mantiene el gobierno de Luis Miguel Barbosa contra autoridades de la institución educativa.
“Los universitarios hemos emitido desplegados y comparecido ante la opinión pública para defender la probidad de nuestra institución y de todos quienes la integramos, para que se nos escuche y para que las autoridades se percaten, de primera mano, que nuestra labor le da sustento, legitimidad y certidumbre al bienestar y a la paz social del estado de Puebla”, dijeron al jefe del Ejecutivo en su escrito, mismo que fue recibido por la directora de Atención Ciudadana del Gobierno de México, Leticia Ramírez.
“Necesitamos ser escuchados, tenemos que venir hasta aquí, a la Ciudad de México, a las sedes de los poderes, porque en el estado de Puebla no solo se están violentando los derechos de nuestro Rector Alfonso Esparza, sino de todos los universitarios. Es muy importante que nos hagan caso porque se nos está vulnerando con una serie de acusaciones falsas y no lo vamos a permitir”, señaló Mariana Vaquero, consejera universitaria y directora del Complejo Regional Sur de la BUAP, con sede en Tehuacán.
Luego de asistir al recinto ubicado en el centro de la Ciudad de México, los también integrantes del Consejo Universitario se dirigieron en caravana a las sedes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, para solicitar se establezcan mesas de trabajo en las que se discuta la situación actual del Estado de Derecho en Puebla, el cual consideran ha sido violado con las acciones del gobierno estatal, no solo para el caso de la Universidad sino para toda la sociedad.
A las puertas del Senado de la República se llevó a cabo un mitin donde con lonas y pancartas, uno a uno los consejeros universitarios expresaron su exigencia porque el gobierno del estado saque las manos de la universidad pública.
Francisco Vélez Pliego, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades señaló que se busca establecer un diálogo respetuoso con las comisiones de Educación y de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados y en el Senado, para analizar la situación del Estado de Derecho en la entidad y, sobre todo, la legalidad de los procedimientos de fiscalización a los que de manera permanente ha estado sometida la universidad, mediante innumerables auditorías y revisiones.
“Nos parece que las declaraciones del gobernador son sin lugar a dudas un abuso de poder; es decir, no le corresponde a él en todo caso establecer esos criterios, para eso están los órganos como la Auditoría Superior de la Federación. Además, está el asunto de la vulneración a la autonomía universitaria, nos parece clave que discutamos en serio los alcances y las definiciones precisas alrededor del ejercicio de la autonomía universitaria por parte de las instituciones de educación superior”.
Los representantes de la BUAP buscarán abordar en esas reuniones lo referente a los procesos de fiscalización de los recursos públicos empleados por la Universidad, en el marco de su origen y aplicación de conformidad con el marco normativo vigente.
“La presente solicitud es motivada por la profunda preocupación que guardan, tanto la comunidad universitaria como sus órganos de gobierno unipersonales y colegiados, por las conductas y acciones emprendidas en los últimos meses por distintas entidades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado de Puebla”, informaron al Congreso.
En repetidas ocasiones, y sin sustento alguno, el gobernador Miguel Barbosa ha cuestionado públicamente la integridad de la BUAP y de la gestión del Rector Alfonso Esparza, y ha iniciado también una persecución política contra él y su familia. Esparza se ha dicho dispuesto a enfrentar cualquier investigación.
