La organización Artículo 19 ubicó a Puebla, con 75 casos, en segundo lugar de entidades con más ataques a medios de comunicación. Funcionarios estatales encabezan la lista de perpetradores de agresiones con 16 demandas contra periodistas y medios de información.
El informe anual Distorsión: el discurso contra la realidad, publicado este martes 23 de marzo, revela que los funcionarios del estado de Puebla, “prohijados por el propio discurso y actitud del gobernador Miguel Barbosa”, son quienes encabezan la lista de perpetradores de agresiones, con un total de 16 demandas contra periodistas y medios de comunicación.
Destaca que Puebla pasó de ser el cuarto al segundo estado más violento contra la prensa a nivel nacional, con un aumento de 34 agresiones, en 2019, a 75, en 2020. De estas, el 65 por ciento provienen de personas funcionarias públicas del gobierno estatal.
La organización defensora de la libertad de expresión refiere que directores de los medios E-consulta, El Popular y Datamos, que en 2020 recibieron demandas civiles de funcionarios estatales por daño moral, fueron las principales víctimas de hostigamiento judicial civil.
Si bien ninguna demanda viene directamente del gobernador Miguel Barbosa, todas fueron presentadas por funcionarios de su administración, como el subsecretario de Movilidad, el director del Instituto de Educación para Adultos y el subsecretario de Administración.
“El presidente (Andrés Manuel López Obrador ) y el gobierno de Puebla podrán repetir en su discurso que son respetuosos de la libertad de expresión en México, pero sus propios funcionarios son quienes estigmatizan, hostigan y demandan a periodistas y medios que consideran adversarios”, sentencia el informe anual de Artículo 19.
Además, destaca que a nivel estatal, Puebla es otro ejemplo notorio de cómo se utiliza el poder público para agredir a la prensa, ya que tras la publicación del informe especial C.O.V.I.D: Libertad de expresión e información durante la pandemia de COVID-19 en México y CA, la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital del gobernador Miguel Barbosa envió una carta a Artículo 19 donde aseguraba lo siguiente:
“En Puebla, durante el gobierno de Miguel Barbosa, se respeta irrestrictamente la libertad de expresión, y que a diferencia de las últimas administraciones no condicionamos los contenidos publicados en los medios de comunicación, ni recurrimos a la amenaza”.
¿DÓNDE SE CONCENTRA LA VIOLENCIA?
El documento expone que en 2020, las entidades que más registraron violencia contra la prensa fueron Ciudad de México (92), Puebla (75), Quintana Roo (60), Veracruz (52) y Oaxaca (44). En conjunto, sobrepasan 47 por ciento del total nacional de las agresiones.
A los 75 ataques documentados, en particular, 16 hostigamientos judiciales, se suman ocho bloqueos informativos, siete agresiones físicas y siete casos de privación de la libertad.
Además, aunque estableció que funcionarios públicos de Puebla son responsables directos de la mayoría de los ataques, con 49 casos, la organización considera preocupante que también abunde la violencia cometida por particulares (16 casos, 21.3 por ciento) y por elementos desconocidos (9 casos, 12 por ciento), incluso, se registró una agresión de grupos del crimen organizado, lo que representó 1.3 por ciento del total de agresiones.
El informe Distorsión: el discurso contra la realidad, también da cuenta del momento en que el gobernador respondió: “No voy a tener opinión y menos a El Sol de Puebla”, a un reportero de esta casa editorial. Además de la agresión física que sufrió una reportera y un camarógrafo del medio televisivo Canal 13, cuando cubrían la reapertura de locales.
TIPO DE AGRESIONES CONTRA LA PRENSA EN PUEBLA
El tipo de agresiones contra la prensa en el estado son: uso ilegítimo del poder público, privación de la libertad, intimidación y hostigamiento, amenazas, bloqueo o alteración de contenido, ataque físico, acceso ilícito a cuentas en línea, ataque a bienes materiales, dominios falsos o cuentas falsas en internet y ataques de denegación de servicio.
El documento recuerda que Morena y Encuentro Social (Gabriel Biestro y Nora Merino), presentaron en abril de 2020 una reforma al Código Penal del Estado que busca sancionar penalmente a toda persona que difunda o comparta información “falsa” en plataformas digitales o medios de comunicación. La iniciativa sigue en estudio en el Congreso local.
Finalmente, Artículo 19 destaca que en febrero de 2021, el exgobernador Mario Marín Torres, imputado por el delito de tortura cometido en agravio de la periodista Lydia Cacho hace 15 años por la publicación del libro “Los Demonios del Edén”, había sido detenido.
