La FGE cuenta con una Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra la comunidad LGBTQ + en Puebla, la cual se creó hace tres años, sin embargo, hay lentitud y rezago para resolver los casos, por lo que activistas les pidieron a las autoridades dedicadas a impartir justicia que no exista discriminación institucional y que si no están aptos para el cargo que renuncien.
Si los activistas decidieron alzar la voz, fue por el reciente contexto que se vive en el país y Puebla, pues el 11 de noviembre, Melani, una chica trans fue asesinada y encontrada en una vecindad del Centro Histórico, mientras que el 13 de noviembre, Jesús Ociel Baena Saucedo, primera persona no binaria en alcanzar una magistratura, fue encontrado muerto junto a su pareja.
Para este 14 de noviembre, María José Serrano, presidenta de la Asociación para la Protección de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos (APPS), lamentó que el área que es la responsable de recibir las denuncias de delitos cometidos en contra la comunidad, sea un obstáculo para que obtengan justicia o simplemente sean ignorados. Las amenazas son las principales incidencias.
Explicó que, al mes, reciben tres quejas de personas por algún tipo de amenaza, agresión o discriminación, en algunos casos ya cuentan con denuncia en la Unidad Especializada, pero otra no, debido a que “no pasa nada” y muchas personas creen que no ayudará si la judicializan. “No pasa nada tristemente, si ahorita alguien viene y me golpea parece que a nadie le importa y hay cosas que pareciera que sí tendría que validar la justicia, pero no es así, no pasa nada. Esperemos que haya prontitud con los casos”, externó.
Por su parte, Emmanuel Melchor Geminiano, secretario de diversidad sexual de la Red Jóvenes x México del PRI-Puebla, lamentó el panorama de violencia que vive la comunidad, explicó que los hombres gays, son los más violentados y después de ahí le siguen las personas transgénero, transexuales o travestis.
También él fue víctima de agresión, pues en junio por participar en la marcha del orgullo recibió amenazas de muerte, acudió con las autoridades correspondientes, pero hasta octubre se comunicaron con él para concretar una cita y verificar si hubo afectación psicológica.
“¿Cuánto tiempo tiene que pasar sólo para a un tema se le dé seguimiento, continúe la carpeta de investigación y que el tema penal avance?, la exigencia es clara, esta y todas las fiscalías deben de hacer su chamba y no sólo para la comunidad, sino parta toda la población, tienen suficiente presupuesto para poder hacerlo”, externó.
Rodolfo Cortina, representante del partido Movimiento Ciudadano, dijo que la FGE y su Unidad están obligadas a atender todas las denuncias LGBTQ+ que se presenten y que el organismo cuenta con un mecanismo que emplea las tecnologías informáticas, como una plataforma digital para las querellas en vía remota.
“Todos los compañeres y personas que se sientan miembros de comunidad, identifiquen que la misma Fiscalía tiene la oportunidad y la obligación de atender sus denuncias de forma presencial o virtual. Importante que identifiquen si integran bien los expedientes”, agregó e informó que pueden acercarse a él en caso de necesitar asesoría legal.
Betuky Camacho, coordinador estatal de diversidad sexual del partido Morena, recordó que Puebla es la sexta entidad con más diversidad sexual en todo el país, por lo que son una comunidad importante que debe de tomarse en cuenta en la toma de decisiones. En su participación habló de la discriminación LGBTQ+, pero al interior de los partidos.
Aseguró que en su partido son incluyentes, pero que, si en otros partidos los discriminan, alcen la voz para evidenciar la situación. Agregó que todos los presentes impulsarán las cuotas arcoíris para que todas las instituciones políticas del territorio poblano tengan representación de personas binarias, lesbianas, gay, bisexuales o transgénero.
