El Gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, insistió en que buscará regular la concesión de espacios publicitarios y pendones que realizará el Ayuntamiento de Puebla para evitar que rebase la mitad del periodo de la siguiente administración y de esta forma las próximas autoridades puedan revisarla.
Esta mañana, el edil Eduardo Rivera Pérez defendió que la ley le permite entregar esta concesión hasta por 10 años y sin necesidad de tener el aval del Congreso Estatal, no obstante, Barbosa le respondió que el Poder Legislativo si debe intervenir porque se trata de bienes de dominio público.
En su habitual conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que aquellas concesiones que rebasan el ejercicio de funciones de quienes las otorgan tienen como finalidad extender el control político sobre bienes de dominio público, cuestión que, a su juicio, no es ética y por eso ha señalado.
“El primer gobernador del PAN abusó de todo, yo no, yo dejo libremente a los presidentes municipales, yo no persigo, pero también no voy a dejar de señalar las cuestiones que yo vea y no son legales”, dijo al tiempo de señalar que la integración de comités técnicos para emitir las convocatorias de licitación también son irregulares y regularmente los gobiernos los generan para evitar futuras repercusiones legales.
“Que no me quieran a mi ver la cara, nunca un código fiscal está sobre la constitución y la ley orgánica, nunca. ¿No quedamos que íbamos a ser diferentes?, ¿o qué?, ¿solamente bajo el esquema de persecución se portan bien?”, dijo.
El mandatario dijo que un ejemplo de que este tipo de concesiones buscan extender el control político, es la que en el pasado se entregó para la operación de los espacios publicitarios de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), ya que quienes la tenían no permitieron la instalación de publicidad para su toma de protesta en 2019.
Por su parte, el Consejero Jurídico, Carlos Palafox Galeana, explicó que los espacios publicitarios que se pretenden concesionar por una década son propiedad común, pertenecen a los poblanos y por lo tanto, no solo el cabildo, sino también el Congreso debe avalarlo.
“Es muy claro, por los propios considerandos, que al extenderse el plazo del ayuntamiento se debe solicitar autorización del congreso. (…) No deja de ser un acto jurídico que tiene como esencia la voluntad de las partes de generar derechos y obligaciones”, explicó.