El titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, no descartó la posibilidad de que en esta recta final del gobierno de Antonio Gali Fayad se lance una convocatoria para poner a concurso algunas notarías, como sucede cada que finaliza una administración.
Explicó, en una breve entrevista con El Sol de Puebla, que las autoridades estatales determinan si se abren o no nuevos despachos a partir de un estudio y análisis basado en la demanda poblacional.
De acuerdo con el Artículo 23 de la Ley del Notariado, habrá una notaría pública por cada 50 mil habitantes por distrito judicial, de conformidad con los censos poblacionales realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, proyectados según el Consejo Nacional de Población (Conapo).
“Es probable, generalmente a finales de los gobiernos, revisar cómo está la demanda poblacional territorialmente y si es necesario y se cumple con los requisitos de la Ley pues se hará por supuesto la convocatoria correspondiente”, soltó el encargado de la gobernabilidad en el estado.
No obstante, aclaró que el lanzamiento de la convocatoria para el otorgamiento de patentes no es un tema que esté decidido ni revisado, aunque dijo que en las próximas semanas se estudiará.
“No es un tema que esté decidido ni siquiera lo hemos revisado, seguramente en las próximas semanas lo haremos”, dijo.
En la recta final del sexenio del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas -en diciembre de 2016- se pusieron a concurso un total de 29 notarías a través de tres convocatorias; las titularidades fueron entregadas a personajes afines al panista y a su esposa, Martha Erika Alonso Hidalgo, quien ahora es mandataria estatal electa.
En ese entonces, Carrasco Altamirano, quien ocupaba la misma cartera, defendió la entrega de notarías en favor de personajes cercanos al entonces mandatario estatal, Rafael Moreno Valle Rosas.
Y es que si bien dijo desconocer a las personas que han sido beneficiadas con una notaría, refirió que las patentes que se habían entregado hasta ese momento habían recaído en quienes pasaron el examen de oposición y cumplían los requisitos que establece la Ley.