El conflicto legal por el control de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) llegará al Poder Judicial de la Federación de ser necesario y, sin duda, provocará una crisis académica y económica en la institución, declaró el vocero de la Fundación Mary Street Jenkins, Enrique Rodríguez Martínez.
En entrevista con el Sol de Puebla, explicó que son cuatro rutas legales las que han emprendido para defenderse de lo que calificó como "un intento del gobierno estatal por apoderarse del patrimonio privado de una fundación".
"Imagínate que en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la Jefa de Gobierno, le pida cuentas a Carlos Slim por su fundación Slim, ¡A ver ingeniero deme los estados de cuenta! o ¿Por qué se llevó un museo a Guanajuato?. Sería de risa, bueno, pues eso que mueve a risa en la capital es lo que justo se está haciendo aquí en Puebla", dijo.
Explicó que el principal instrumento que usará la fundación para defenderse es una resolución del 2018, en la que la Procuraduría General de la República (PGR) estableció no ejercer acción penal en contra de los integrantes de la familia Jenkins, entre ellos Margarita Jenkins de Landa, presidenta del patronato de la Fundación UDLAP.
El vocero explicó que lo anterior exenta a los patronos de las fundaciones UDLAP y Mary Street Jenkins de enfrentar acciones penales por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y administración fraudulenta, por lo que echaría abajo las órdenes de aprehensión liberadas a principio de este año contra ellos.
Con lo anterior, añadió, también se vendría abajo el principal argumento que utilizó la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla para designar a un nuevo patronato, que fue el considerar que los patronos estaban imposibilitados para seguir en el cargo por enfrentar ordenes de aprehensión.
Enseguida, señaló que se defenderá ante las autoridades el hecho de que los patronos designados por la Junta ocultaron a un juez federal de distrito que existía dicha resolución de la PGR, que exime de cargos a los Jenkins, con tal de obtener una orden para apoderarse de la universidad.
Rodríguez Martínez dijo que un tercer aspecto es el hecho de que se violentaron las dos resoluciones de jueces federales que impedían cambiar al patronato y designar a alguien distinto a Margarita Jenkins, como su presidente.
Finalmente, también se ha denunciado el intento de un nuevo patronato para administrar la universidad, aún sin estar legitimado para ello.
El vocero indicó que es difícil saber cuánto tiempo llevará resolver el asunto, sin embargo señaló que la fundación Mary Street Jenkins está segura de que la razón le asiste y llevará hasta las últimas instancias la defensa de su patrimonio.
Enrique Rodríguez admitió que como resultado del litigio, la universidad enfrentará una crisis económica y académica, ya que el patronato designado por la Junta no podrá hacerse cargo plenamente de la institución.
En primer lugar porque no están legitimados para hacer uso de las cuentas bancarias de la universidad y cumplir con las obligaciones financieras, principalmente el pago de nómina.
"La fundación no se puede hacer responsable de las consecuencias negativas que está acarreando esta ilegalidad y que además vemos es patrocinada desde el gobierno del estado de Puebla", señaló.
Enseguida, dudó que el prestigio y la calidad académica de la universidad puedan mantenerse a flote con un "patronato espurio" y reiteró que quién está legalmente reconocido como rector es Luis Ernesto Derbez Bautista, aunque él tampoco puede asumir total responsabilidad sobre el campus del que lo exiliaron.
El patrimonio de la fundación en Puebla está a salvo, afirman
Cuestionado sobre el daño patrimonial a la fundación Mary Street Jenkins, del que son acusados varios integrantes de la familia, afirmó que no hay tal situación y que no hubo desvíos de recursos a paraísos fiscales.
Explicó que el 90 por ciento de los recursos de la fundación están invertidos en inmuebles y el resto en un portal de inversiones, pero para el caso particular de Puebla, el 50 por ciento del patrimonio está radicado en la UDLAP.
Señaló que el gobernador, Luis Miguel Barbosa ha emitido información errónea e incluso reclamado que se devuelva un patrimonio de 750 millones de dólares que la fundación destinó a Puebla, cuando el mismo está en "cada ladrillo" de la universidad.
Sobre la migración del domicilio fiscal de las fundaciones a Jalisco, aseguró que dicho trámite nunca tuvo como fin el desvío de recursos a paraísos fiscales, sino proteger el patrimonio que era amenazado desde hace tiempo, por el entonces gobernador, Rafael Moreno Valle.
"En virtud de la persecución generada desde Rafael Moreno Valle, cuando hubo un primer intento de apoderarse de la UDLAP, los patronos tomaron la decisión de proteger su patrimonio cambiando el domicilio al estado de Jalisco, en donde ya no fueron perseguidos", sostuvo.
Finalmente, dijo que la comunidad de la Universidad de las Américas Puebla puede estar segura de que la fundación Mary Street Jenkins defenderá la posesión de la institución y remarcó qué hay disposición para dialogar con el gobernador, Luis Miguel Barbosa, pero anteponiendo la legalidad.
