El pasado 29 de agosto de este año, Gilberto Higuera Bernal, fiscal general del estado de Puebla, solicitó a Osvaldo Ramírez Zavala, fiscal de Investigación Metropolitana, desistir de la acción penal por el presunto desfalco de 630 millones de dólares así como la orden de aprehensión en contra de seis integrantes de la familia Jenkins de Landa (dictaminado el pasado 27 de agosto de 2021), por lo que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla deberá validar su patronato en la Fundación Mary Street Jenkins y en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
Lo anterior de acuerdo al oficio FGEP/CGGDI/12755/2022 de la FGE, compartido a esta casa editorial por Enrique Rodríguez Aranda, vocero de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ), quien aseguró que esta solicitud representa la resolución del conflicto por la posesión del patronato de la Fundación Jenkins y la UDLAP, puesto que, afirmó, las acciones avaladas por el patronato sustituto, a cargo de Horacio Magaña Martínez, quedarán sin efecto.
En entrevista con El Sol de Puebla, retomó los hechos ocurridos el pasado 29 de junio de 2021, cuando un juez federal giró la orden judicial para retirar el control del campus de la UDLAP al patronato de la familia Jenkins, así como congelar sus cuentas bancarias tras haber sido acusados por el presunto desfalco millonario en FMSJ, en tanto, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla designó un nuevo patronato a cargo.
Apuntó que, después de ocho meses de conflicto, el 24 de febrero de 2022 la juez 2do. de Cholula concedió la liberación de las instalaciones de la UDLAP, no obstante, la familia Jenkins continuaba con el proceso con el Poder Judicial de la Federación para impugnar por los delitos que se les acusaba, lo cual, aseguró, quedó descartado bajo la decisión de jueces federales.
Ostentó que la reciente solicitud del fiscal general del estado significa la invalidación del patronato designado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla y manifestó, esto comprueba que existió un intento de apropiación ilícita de las instalaciones de la UDLAP.
Expuso que, posterior a la intervención de Higuera Bernal será responsabilidad de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) fincar las sanciones correspondientes a quienes se ostentaron de cargos en un supuesto patronato que, acusó, estaba ilegalmente constituido.
A la par, detalló que deberá procederse con la reparación de los daños por la persecución que fue realizada en contra de los integrantes de la familia Jenkins y por el atropello que existió en la toma de instalaciones de la UDLAP.
“Esperamos el compromiso por parte de la FGE que presume ser un órgano independiente para la suspensión definitiva del patronato espurio (…) que este proceso se haga a la brevedad para dar seguimiento a quien incumplió la ley e intentó apropiarse de un patrimonio privado”, precisó.
Por otra parte, afirmó que las acusaciones en contra de la familia Jenkins fueron sin sustento jurídico, sin embargo, derivaron no solo en la toma del campus sino también en un daño a la imagen institucional y patrimonial de la casa de estudios.
